La reciente reforma judicial en México se aprobó bajo la premisa de modernizar la estructura de la judicatura y garantizar mayor imparcialidad. Sin embargo, el reto es monumental: no solo debe adaptarse a un sistema judicial que lleva años de saturación, sino que colisiona con cambios procesales que ya están en marcha en áreas como el derecho penal, laboral, mercantil, civil y familiar.
¿Estará el sistema judicial mexicano preparado para esta transformación o se profundizará la crisis de justicia en el país?
Un sistema judicial en transición: del proceso penal acusatorio al nuevo Código Civil y Familiar
Desde 2016, el sistema judicial mexicano ha vivido un proceso de cambio significativo con la implementación del sistema penal acusatorio, cuyo objetivo fue reducir la corrupción y aumentar la transparencia en los juicios. No obstante, la transición fue lenta y los problemas estructurales se evidencian en áreas clave como las policías, las fiscalías y los servicios forenses, que aún no alcanzan los estándares requeridos para operar de forma óptima bajo el nuevo sistema.
La justicia laboral, por otro lado, arrancó una transformación que busca desjudicializar los conflictos laborales, con centros de conciliación que ofrecen una vía rápida y accesible para resolver disputas. Pero a medida que los recursos se destinan a una reforma u otra, muchas de estas iniciativas se estancan, sin el impulso suficiente para consolidarse.
A esto se suma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma que pretende unificar los procesos en el país y simplificar el acceso a la justicia. Este nuevo código, que entrará en vigor en 2027, obliga a los estados a adaptar sus sistemas judiciales y capacitar a su personal en los nuevos procedimientos.
Una reforma judicial sobre una estructura desbordada
Con un sistema judicial en transición y varias reformas que aún no han concluido, la nueva reforma judicial llega como un cambio de gran escala. Su objetivo de renovar la judicatura y otorgar mayor control al Ejecutivo sobre el Poder Judicial genera tanto expectativas como incertidumbre. En principio, busca agilizar el acceso a la justicia y reducir la corrupción mediante nuevas formas de designación de jueces y magistrados.
Sin embargo, quienes impulsaron la reforma no parecen haber previsto el complejo contexto en el que esta se implementará. Es evidente que la justicia procesal y la reforma judicial no son independientes; la falta de recursos y los conflictos de competencia podrían desencadenar una crisis en el sistema judicial que afecte a ciudadanos y autoridades.
La interdependencia de las reformas y su impacto en la pacificación
El objetivo último de cualquier sistema de justicia debería ser pacificar la sociedad mediante la resolución justa y oportuna de conflictos. En un país como México, marcado por la violencia y la desconfianza en las instituciones, es vital que la justicia funcione como un verdadero instrumento de pacificación. Sin embargo, las múltiples reformas que coexisten en el sistema judicial han sido tratadas como proyectos aislados, y la reforma judicial actual se enfoca más en controlar y estructurar el Poder Judicial que en mejorar su funcionamiento procesal.
Si las reformas no logran armonizarse y se ejecutan de manera aislada, la justicia en México podría convertirse en una estructura que, en lugar de pacificar, acentúe la conflictividad y expulse a los ciudadanos a buscar justicia fuera de los cauces legales.
El riesgo de agravar la crisis de justicia en México
En la práctica, muchas personas ya optan por no recurrir al sistema judicial, percibiendo que no resolverá sus conflictos de manera justa o que no contará con los recursos necesarios para hacerlo. Este fenómeno es especialmente preocupante en regiones donde la presencia estatal es débil y donde los ciudadanos encuentran en mecanismos alternativos (e incluso en instancias extrajudiciales) la única vía de resolución de conflictos.
La reforma judicial, si no se implementa cuidadosamente y se coordina con las reformas procesales, corre el riesgo de intensificar esta tendencia. La desorganización y la falta de planificación podrían convertir el sistema judicial en un terreno aún más árido para los ciudadanos que necesitan acceder a la justicia.
La oportunidad de cambio: ¿será suficiente la reforma judicial?
El actual gobierno tuvo el tiempo, la mayoría y los recursos para considerar las implicaciones de esta reforma judicial en el sistema procesal en general. La pregunta que surge es: ¿la reforma podrá realmente ser un cambio positivo o se convertirá en otro obstáculo para la justicia? México no puede permitirse una reforma que, lejos de aliviar la carga de los tribunales y pacificar a la sociedad, termine creando un sistema más caótico y difícil de navegar.
Lo que sigue será clave: una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, los operadores judiciales y las partes implicadas en cada reforma procesal. Esto requiere no solo recursos financieros, sino también un compromiso real con la mejora del sistema de justicia en su totalidad, algo que hasta ahora parece haber quedado en segundo plano.
El sistema judicial mexicano enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente. La reforma judicial podría representar una oportunidad para avanzar hacia una justicia accesible y eficaz, pero solo si se logra integrar y coordinar con los cambios procesales en marcha. Los desafíos son enormes, pero el impacto en la sociedad mexicana bien vale el esfuerzo.
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