INAI y otros órganos autónomos desaparecen: el fin de una era en la rendición de cuentas
La historia de México vivirá un cambio drástico esta semana con la eliminación de los órganos autónomos. El proyecto de reforma “de simplificación administrativa”, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por el presidente López Obrador, no deja espacio a reconsideraciones ni a un parlamento abierto. Esta decisión culmina el proceso de absorber las funciones de instituciones clave, como el INAI y el IFT, dentro de nuevas dependencias del Ejecutivo, generando interrogantes y preocupación por el futuro de la transparencia y competencia en el país.
Reforma constitucional: adiós a los órganos autónomos
Desde el discurso de AMLO el 5 de febrero, se planteó la desaparición de órganos autónomos bajo la promesa de simplificar la administración pública y reducir duplicidades de funciones. Los cambios avanzaron rápidamente en el Congreso y, ahora, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) verán su autonomía disuelta.
El INAI es probablemente el caso que mayor consternación provoca. Durante años, este organismo se ha encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será quien asuma sus funciones, lo cual, según expertos, podría debilitar los mecanismos de control y transparencia al depender directamente del Ejecutivo.
La redistribución de competencias: nuevos actores en telecomunicaciones y competencia
La reforma contempla que las funciones del IFT y de la Cofece se distribuyan entre distintas agencias y dependencias. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será una nueva institución dentro del Ejecutivo, a cargo de la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Además, absorberá funciones previas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), incluyendo correos y telégrafos, bajo la dirección de José Merino, conocido por su vínculo con el partido gobernante.
En cuanto a las funciones de competencia económica, estas se trasladarán a la nueva agencia antimonopolios. Sin embargo, esta agencia carecerá de autonomía plena y, aunque tenga independencia técnica, se someterá a las directrices del Ejecutivo. Con esta estructura centralizada, quedan en suspenso los mecanismos que podrían garantizar imparcialidad en la regulación de mercados.
La incertidumbre de la constitucionalidad y la relación con el T-MEC
El capítulo 18 del T-MEC establece la autonomía del IFT como organismo regulador, una disposición que podría ser violada por la reciente reforma constitucional. Aunque el oficialismo asegura que esta medida cumple con el acuerdo comercial, expertos y actores políticos han manifestado que la centralización podría generar conflictos en el proceso de revisión del tratado en 2026. Esto abre la puerta a potenciales conflictos con Estados Unidos, que podría considerar esta decisión como una falta de cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Los riesgos de centralizar la transparencia y la competencia económica
Esta transformación plantea varios desafíos. Con la transferencia de las funciones del INAI al Ejecutivo, se prevé una falta de independencia en las investigaciones y resoluciones sobre acceso a la información y protección de datos. La vigilancia de la competencia económica y la protección de los derechos del consumidor también podrían verse comprometidas si la agencia antimonopolios se convierte en una extensión del Ejecutivo en lugar de actuar con imparcialidad y transparencia.
Al no contar con los contrapesos de los órganos autónomos, México podría enfrentar problemas de credibilidad y transparencia en sus decisiones regulatorias y económicas, afectando tanto la inversión privada como la confianza de sus socios comerciales y ciudadanos.
La Suprema Corte y el voto de Pérez Dayán: el giro que selló la desaparición del Poder Judicial
La reciente sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se discutió la reforma judicial, tuvo un desenlace inesperado. El ministro Alberto Pérez Dayán, quien formaba parte del bloque que buscaba frenar la reforma, sorprendió al votar en favor de la medida. Este giro decisivo rompió la mayoría necesaria para bloquear la reforma y dejó en claro que el Poder Judicial, tal como lo conocíamos, ha sido reformulado bajo los lineamientos del Ejecutivo.
Este voto, que muchos consideran “la última estocada”, evidenció la fragilidad de la independencia judicial en México y plantea una gran incógnita: ¿quiénes defenderán ahora los derechos constitucionales de la ciudadanía ante un Congreso y un Ejecutivo con poder concentrado?
¿Cuál es el camino para México en esta nueva etapa?
El país se enfrenta a un cambio estructural que redefine sus contrapesos institucionales. La desaparición de los órganos autónomos modifica el equilibrio de poderes y deja en manos del Ejecutivo responsabilidades que antes dependían de entidades independientes. Queda la pregunta de cómo responderán las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y la comunidad internacional ante esta reconfiguración.
Los desafíos son múltiples, y México necesitará de un análisis profundo para determinar el impacto de esta centralización. En un contexto de incertidumbre y cambios acelerados, la defensa de la transparencia y la competencia justa dependerá de la capacidad de las nuevas agencias para demostrar que pueden actuar con independencia y sin sesgos, a pesar de su integración en el Ejecutivo.
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