Un prestigioso informe internacional ha puesto nombre a la crisis de Perú: «régimen híbrido». La clasificación de The Economist Intelligence Unit valida la percepción de inestabilidad y autoritarismo que ha llevado a ciudadanos a las calles y a políticos a debatir la destitución de la presidenta Dina Boluarte.
La prolongada crisis política y social de Perú ha recibido un diagnóstico contundente desde el exterior que resuena con fuerza en el debate interno. El Democracy Index 2022 de The Economist Intelligence Unit (EIU), una de las publicaciones más respetadas en análisis global, ha degradado al país de la categoría de «democracia defectuosa» a la de «régimen híbrido», una clasificación que se ha mantenido por segundo año consecutivo.
Este veredicto no es solo una etiqueta académica; es la validación internacional de un malestar ciudadano que se manifiesta en protestas y en la creciente discusión sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente como una salida constitucional a la parálisis. La crisis peruana ya no es solo un asunto doméstico; ahora tiene un nombre reconocido a nivel mundial.
¿Qué significa ser un “régimen híbrido”?
Según la metodología de The Economist, un régimen híbrido es un sistema que mezcla elementos de democracia con rasgos de autoritarismo. Las elecciones pueden ocurrir, pero están marcadas por irregularidades que les restan legitimidad. La presión del gobierno sobre la oposición es común, el poder judicial es débil y la corrupción es generalizada.
Perú alcanzó su puntaje más bajo desde la creación del índice en 2006, ubicándose en el puesto 77 a nivel global. El informe destaca dos factores clave para esta clasificación: la polarización extrema y una alta tolerancia al autoritarismo. Para el analista político Enzo Elguera, el discurso populista de las autoridades y la incertidumbre constante son atributos que contribuyen a esta calificación.
Los síntomas de la crisis que acorralan a Boluarte
La etiqueta de «régimen híbrido» se sustenta en una serie de crisis que han erosionado la confianza en las instituciones y en la figura de la presidenta Dina Boluarte. El caso más emblemático es el llamado «Caso Rolex», que generó sospechas de enriquecimiento ilícito al verse a la mandataria utilizando relojes de lujo de origen no esclarecido.
A esto se suman otras acusaciones, como la presunta protección al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y una gestión marcada por la inestabilidad, con constantes cambios de gabinete y una desconexión con las demandas ciudadanas.
“Tenemos que salir a las calles, tenemos que manifestar nuestro hartazgo, tenemos que manifestar nuestra indignación. Le pido a la presidenta y a la policía que no nos maten… Queremos que se vaya este Congreso y se elija otro. Queremos que se vaya la presidenta”, expresó Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, reflejando un sentir popular cada vez más extendido.
La vacancia: ¿Solución o más inestabilidad?
En este contexto, la figura de la vacancia presidencial, contemplada en el artículo 113 de la Constitución, ha vuelto al centro del debate político. Se trata de un mecanismo que permite al Congreso destituir al presidente por «permanente incapacidad moral». El proceso es complejo y requiere un amplio consenso:
- Admisión de la moción: Se necesitan al menos 52 votos (40% del Congreso) para que la propuesta sea debatida.
- Defensa del presidente: El mandatario o su abogado tienen un plazo para presentar sus descargos ante el pleno.
- Votación final: La destitución requiere una mayoría calificada de 87 votos (dos tercios del Congreso).
El uso recurrente de esta herramienta contra presidentes anteriores, como Pedro Castillo, ha llevado a un estado de inestabilidad casi permanente, normalizando lo que debería ser una medida excepcional. Esta misma dinámica es la que alimenta la percepción de un sistema democrático disfuncional, un «régimen híbrido» donde las reglas de la democracia se utilizan para perpetuar la crisis en lugar de resolverla.
La clasificación de The Economist, por tanto, no solo describe la situación de Perú, sino que también la agrava. Afecta la confianza de los inversores, complica las relaciones diplomáticas y puede convertirse en una profecía autocumplida, donde la inestabilidad diagnosticada genera más factores que la profundizan. Perú se encuentra atrapado en un círculo vicioso, y la salida, ya sea a través de la vacancia o de otras vías, sigue siendo incierta.
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