El gobierno venezolano ha presentado la «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», un instrumento legal que, según su texto, busca proteger la convivencia pacífica. Sin embargo, para la oposición y organizaciones de derechos humanos, es una herramienta diseñada para legalizar la persecución política.
El debate político en Venezuela se ha intensificado con la discusión en la Asamblea Nacional de un nuevo y polémico instrumento legal: la «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares». Presentada por el Ejecutivo como un mecanismo necesario para «preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública y el ejercicio democrático», la ley ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que la consideran un intento de codificar la represión y criminalizar la disidencia.
La ley surge en un contexto de alta tensión política, tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados fueron cuestionados por gran parte de la comunidad internacional, y con la vista puesta en las elecciones regionales de 2025.
La Justificación Oficial: Proteger al Pueblo
El texto del proyecto de ley establece como su objeto principal la protección de la sociedad frente a expresiones de orden fascista. El artículo 1 busca «establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica». La ley prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología de la violencia, el odio o la discriminación, y prohíbe reuniones y manifestaciones convocadas para promover el fascismo.
Desde la perspectiva del gobierno, esta legislación es una respuesta necesaria para evitar la repetición de episodios de violencia política y para blindar a las instituciones democráticas de lo que consideran ataques de sectores extremistas.
La Crítica Feroz: Una Herramienta para la Persecución
Para sus detractores, el principal peligro de la ley reside en su ambigüedad y en sus definiciones excesivamente amplias. La organización de derechos humanos CIVILIS advierte que los conceptos de «fascismo» y «expresiones similares» son tan vagos que «pueden ser utilizados con total arbitrariedad».
El punto más controversial es la inclusión de ideologías políticas legítimas como objeto de persecución. El proyecto de ley atenta directamente contra la libertad de pensamiento al listar entre las ideas a perseguir al «neoliberalismo» y el «conservadurismo moral». Esto, en la práctica, podría convertir en delito cualquier postura política que no se alinee con la del gobierno.
Las sanciones propuestas son severas:
- Actos fascistas: Penas de prisión de ocho a doce años e inhabilitación política para quien «solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos».
- Apología al fascismo: Penas de prisión de seis a diez años para quien financie o apoye organizaciones consideradas fascistas.
«Si se aprueba, institucionalizará la criminalización de personas y organizaciones que el Estado señale como fascistas, independientemente de sus creencias o actividades», advierte un análisis de CIVILIS, que califica la ley como una profundización de la «narrativa del enemigo interno».
El Contexto Electoral: ¿Una Ley con Dedicatoria?
La aprobación de esta ley no puede analizarse fuera del contexto electoral. Tras las elecciones de julio, que según observadores como el Centro Carter y un panel de la ONU carecieron de transparencia e integridad, la oposición enfrenta un panorama de creciente persecución. La orden de aprehensión contra el candidato opositor Edmundo González, que lo forzó al exilio, es un claro ejemplo.
Con las elecciones regionales de 2025 en el horizonte, los críticos temen que la «Ley contra el Fascismo» sea utilizada de manera preventiva para inhabilitar a candidatos opositores y para criminalizar cualquier manifestación de protesta contra el gobierno, etiquetándola como un «acto fascista».
En definitiva, la ley ha creado un abismo interpretativo. Para el gobierno, es un dique de contención contra la violencia. Para la oposición y defensores de derechos humanos, es la formalización legal de un sistema que busca eliminar cualquier voz disidente. Su aplicación en los próximos meses determinará cuál de las dos interpretaciones se ajusta a la realidad.
TE PODRÍA INTERESAR