Un operativo de inteligencia de Carabineros ha sacudido los cimientos de una de las instituciones más respetadas de Chile, destapando una grave infiltración del narcotráfico en el corazón del Ejército. Una investigación del departamento antidrogas OS7 culminó con la detención de siete personas, entre ellas seis suboficiales en servicio activo pertenecientes a la prestigiosa Segunda Brigada Acorazada «Cazadores», con base en Pozo Almonte, en el norte del país.
La magnitud de la operación criminal es alarmante: la banda se dedicaba a transportar grandes cargamentos de droga desde el norte hasta la capital, Santiago. En el momento de la captura, se incautaron 192 kilogramos de cocaína y pasta base, un cargamento avaluado en más de 3 mil millones de pesos (aproximadamente 3.2 millones de dólares), además de tres vehículos utilizados para la logística delictual.
Este no es un caso de delincuencia común. La penetración del crimen organizado en una unidad de élite del Ejército, encargada de la defensa en una zona fronteriza estratégica, representa una de las amenazas más serias a la seguridad y la integridad del Estado chileno en la historia reciente, y revela la creciente audacia y capacidad de corrosión de las redes del narcotráfico.
La Operación: De Iquique a Santiago, una Autopista para la Droga
La investigación del OS7 de Carabineros se basó en meses de vigilancias y seguimientos que trazaron una ruta de la droga desde las localidades norteñas de Iquique y Pozo Almonte hasta la Región Metropolitana. Los militares implicados, todos suboficiales, actuaban cuando no estaban en sus funciones y sin vestir uniforme, pero con una organización y disciplina propias de su formación castrense.
Según la fiscalía, la banda operaba con una clara división de funciones: algunos miembros se encargaban de coordinar la adquisición y el traslado de la droga desde la frontera, otros gestionaban los vehículos y la logística, y un tercer grupo actuaba directamente como transportista en la ruta hacia el centro del país. Las detenciones se produjeron tanto en la capital, durante el transporte del cargamento, como en allanamientos simultáneos en domicilios de las comunas de Lampa, La Reina, Pozo Almonte y Alto Hospicio.
La Crisis Institucional: La Paradoja de la Autodenuncia
En medio de la gravedad del escándalo, emerge un elemento crucial y paradójico: la investigación penal se inició gracias a una denuncia interna del propio Ejército de Chile. Los mecanismos de control y contrainteligencia de la institución detectaron la actividad ilícita y la pusieron en conocimiento de la fiscalía y Carabineros, lo que permitió desarticular la red.
Esta dualidad presenta un complejo escenario. Por un lado, evidencia una corrupción alarmante y una vulnerabilidad impensada en las filas de una unidad acorazada. Por otro, sugiere que, a pesar de la infiltración, los sistemas de control interno del Ejército funcionaron para detectar y purgar a los elementos corruptos. La reacción institucional fue inmediata: el Ejército calificó los hechos como «inaceptables» y una «falta gravísima», iniciando de inmediato el proceso de expulsión de los involucrados. El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, anunció una querella criminal y calificó los hechos como «extremadamente graves» y «delicados» para la institucionalidad del país.
La Sombra del Crimen Organizado Transnacional
Aunque las autoridades no han confirmado un vínculo directo y probado de esta célula con una organización criminal específica, el caso ocurre en un contexto de máxima alerta en Chile por la violenta expansión de bandas transnacionales como el Tren de Aragua. Estas organizaciones tienen una fuerte presencia precisamente en la región de Tarapacá, la misma zona donde opera la brigada militar implicada y que se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas.
La sofisticación logística, el volumen de droga manejado y la audacia de corromper a media docena de suboficiales de una brigada acorazada son consistentes con las tácticas y la capacidad financiera de grandes carteles. La pregunta sobre para quién trabajaba esta célula de «narcomilitares» es ahora el foco principal de la investigación.
Una Advertencia para la Región
El caso de los «narcomilitares» de Pozo Almonte es una dramática llamada de atención para Chile y para toda América Latina sobre la capacidad del crimen organizado para penetrar, corromper y utilizar las instituciones más sensibles y armadas del Estado. La batalla contra el narcotráfico ya no se libra solo en las calles o en las fronteras; ahora, la línea de frente se ha trasladado al interior de los propios cuarteles. La integridad de las Fuerzas Armadas es, hoy más que nunca, un pilar crítico y vulnerable en la defensa de la democracia en la región.
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