La inédita elección de jueces por voto popular en Quintana Roo se ve marcada por la omisión de requisitos académicos y un 22.8% de votos nulos.
En un proceso electoral sin precedentes en la historia del estado, los ciudadanos de Quintana Roo acudieron a las urnas el pasado 1 de junio no para elegir políticos, sino a quienes impartirán justicia: sus jueces y magistrados. Sin embargo, la histórica jornada, impulsada como una reforma emblemática por la gobernadora Mara Lezama, ha quedado envuelta en una controversia silenciosa debido a dos factores clave: la omisión de requisitos académicos para los aspirantes y un desconcertante 22.8% de votos nulos que pone en duda la legitimidad del ejercicio.
La reforma al Poder Judicial del estado, aprobada por el Congreso local a propuesta del ejecutivo, tiene como objetivo declarado hacer que los juzgadores sean directamente responsables ante la ciudadanía que los elige, buscando así, en teoría, una justicia más cercana y transparente. No obstante, la implementación ha generado serios cuestionamientos sobre si la soberanía popular puede sustituir a la meritocracia en un ámbito tan técnico y especializado.
Un Proceso Complejo y Confuso
El punto más álgido de la controversia radica en que el proceso electoral se llevó a cabo «sin considerar el nivel académico de los aspirantes». Esta decisión abrió la puerta a que perfiles sin una trayectoria jurídica comprobada pudieran contender, e incluso a que candidatos con denuncias previas por presuntos actos de corrupción e irregularidades figuraran entre los más votados, según reportes de medios locales.
La complejidad de la elección, organizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el INE, se reflejó en la confusión de los votantes. El alto porcentaje de votos nulos y el gran número de boletas incompletas sugieren que una parte significativa del electorado no comprendió a cabalidad por quién o por qué estaba votando. Este hecho debilita el argumento central de la reforma: la legitimación popular. Si los ciudadanos no entienden el proceso, ¿puede considerarse su resultado como un mandato claro?
El Silencio Estratégico de la Oposición
Sorprendentemente, ante una reforma tan fundamental y con flancos tan criticables, los principales partidos de oposición en el estado han guardado un silencio notable. Mientras el PAN se declara «listo para 2027», Movimiento Ciudadano se enfoca en la reelección de su dirigencia estatal y el PT se muestra abierto a futuras alianzas, ninguno ha emitido una postura crítica contundente sobre la elección judicial.
Este «silencio ensordecedor» puede interpretarse de varias maneras. Podría ser un cálculo político para no oponerse a una reforma con tintes populares, un temor a confrontar una iniciativa del partido gobernante con amplia mayoría, o una preocupante falta de visión sobre las implicaciones a largo plazo que esta reforma tendrá para el estado de derecho en Quintana Roo. En la práctica, la ausencia de un contrapeso político ha permitido que la reforma avance sin un debate público profundo sobre sus riesgos.
Democracia vs. Meritocracia: Un Dilema Nacional
El caso de Quintana Roo es un microcosmos del debate que se vive a nivel nacional. Mientras los defensores de la elección popular de jueces argumentan que es una medida necesaria para democratizar un poder históricamente cerrado y elitista, diversas asociaciones de jueces y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre los peligros.
Los expertos señalan que someter la justicia al voto popular puede conducir a sentencias populistas, donde los jueces fallen no con base en la ley, sino en la opinión pública para asegurar su reelección. Además, aumenta la vulnerabilidad de los juzgadores ante la presión de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, y diluye la necesidad de una alta especialización técnica.
Quintana Roo se ha convertido en el primer laboratorio de esta audaz pero arriesgada reforma. El resultado, marcado por la falta de requisitos, la confusión ciudadana y el silencio político, deja más preguntas que respuestas sobre el futuro de la justicia en el estado.
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