En vísperas de la COP30, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rompió el silencio frente a uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del país. La operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, dirigida contra el Comando Vermelho, dejó 121 muertos, marcando un antes y un después en el debate sobre violencia institucional y derechos humanos.
“No era una operación, fue una matanza”
Desde Belém, Lula calificó el hecho como una “matanza masiva” y pidió una investigación independiente para esclarecer los abusos. “La orden del juez era ejecutar detenciones, no provocar una masacre”, declaró. Con tono firme, subrayó la necesidad de verificar bajo qué condiciones ocurrió la incursión, una demanda que ha resonado entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
La versión oficial sostiene que todos los muertos eran presuntos delincuentes, pero testimonios desde las favelas apuntan a ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de la fuerza. “Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal”, reclamó el mandatario, en alusión al gobernador Claudio Castro, quien calificó la operación como “exitosa”.
Río de Janeiro, entre el miedo y la desconfianza
Las favelas de Río se han convertido en símbolos del abandono estatal. En zonas donde el narcotráfico y la pobreza se entrelazan, los habitantes viven entre el miedo al crimen y al propio Estado. La reciente operación reavivó viejas heridas: familias buscando a sus desaparecidos, calles marcadas por la violencia y un clima de desconfianza hacia las autoridades.
En redes sociales, el hashtag #MatanzaEnRío se volvió tendencia, mientras artistas, políticos y activistas exigieron “justicia y transparencia”. La ONG Human Rights Watch ya solicitó la intervención del Ministerio Público Federal, mientras el Consejo Nacional de Derechos Humanos evalúa enviar observadores.
Lula busca equilibrio entre seguridad y derechos humanos
El episodio llega en un momento clave para Lula, quien busca proyectar a Brasil como líder global en justicia climática y derechos humanos. Sin embargo, la tragedia en Río amenaza con erosionar su narrativa internacional. En la COP30, el mandatario planea vincular la violencia estructural y la desigualdad con los efectos del cambio climático en regiones vulnerables, una estrategia para redefinir la agenda social del país.
Lula prometió una reforma de las fuerzas policiales y mayor supervisión del uso de la fuerza. Su mensaje es claro: la seguridad no puede ser sinónimo de represión. “No habrá paz mientras la vida de los pobres siga siendo desechable”, concluyó.
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