Señalamientos que desatan una nueva polémica en Washington

Legisladores estadounidenses expresaron su apoyo a realizar revisiones inmediatas luego de las revelaciones sobre los ataques militares de Estados Unidos contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Ambos partidos estuvieron de acuerdo luego de que un informe señalara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado “verbalmente” que todos los tripulantes fueran abatidos tras un bombardeo ocurrido el 2 de septiembre.

Aunque algunos congresistas reconocieron que aún no hay confirmación oficial sobre estos hechos, coincidieron en que las denuncias suponen potenciales violaciones graves al derecho internacional y podrían constituir actos ilegales cometidos durante operaciones de seguridad.

¿Crimen de guerra?

Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del senador demócrata Tim Kaine, quien afirmó que, de verificarse la información, las acciones descritas “alcanzan el nivel de un crimen de guerra”. La preocupación del legislador se centra en la presunta orden de perseguir y disparar contra sobrevivientes indefensos, lo cual violaría el marco legal que rige tanto el uso de la fuerza como los protocolos militares estadounidenses.

La posibilidad de que el Pentágono haya ejecutado un operativo sin respetar los principios de proporcionalidad y necesidad detonó un llamado urgente a supervisión legislativa. Kaine, integrante de la Comisión de Servicios Armados del Senado, sostuvo que una eventual intención de “eliminar” objetivos no combatientes tras un primer ataque representaría una grave transgresión de las obligaciones internacionales de Estados Unidos.

Escepticismo, pero también preocupación entre republicanos

Entre las voces republicanas, el representante Mike Turner reconoció que el Congreso no tiene evidencia confirmada de que se haya ordenado o ejecutado un ataque de seguimiento contra personas incapaces de defenderse. Sin embargo, señaló que tanto la Cámara como el Senado ya abrieron investigaciones para determinar si el informe del Washington Post es verídico.

Turner señaló que, aunque se mantiene un nivel de escepticismo sobre la versión difundida en medios, la sola posibilidad de que operativos antidrogas incluyan acciones no autorizadas “amerita una revisión profunda y transparente”. Para los legisladores de su partido, el principal punto de preocupación consiste en si se ha actuado fuera del marco de autorización del Congreso.

El papel del presidente Trump y su comunicación con Maduro

Mientras el debate crecía en Washington, el presidente Donald Trump confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, un dato que incrementó el interés público sobre las verdaderas motivaciones detrás de los ataques en el Caribe y el Pacífico oriental.

La Casa Blanca insistió en que dichas operaciones están dirigidas exclusivamente contra cárteles del narcotráfico, algunos de los cuales acusa de operar bajo el control del gobierno venezolano. No obstante, funcionarios cercanos a las investigaciones reconocen que Trump ha considerado incluso ataques en territorio continental venezolano, lo que ampliaría drásticamente el alcance del conflicto.

El presidente, al ser cuestionado, se negó a ofrecer detalles sobre su conversación con Maduro, cuyo reporte inicial fue publicado por The New York Times. Su silencio alimentó aún más la atención mediática y las dudas en el Congreso sobre el alcance real de las decisiones militares tomadas en nombre de la seguridad nacional.

Operativos sin claridad legal: un riesgo para la seguridad internacional

Los analistas señalan que Estados Unidos ha reforzado su presencia naval y aérea en la región bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero los recientes señalamientos podrían abrir un debate mayor sobre los límites de la autoridad presidencial en acciones militares fuera del país.

Los legisladores subrayan que, incluso en operaciones contra el narcotráfico, la ley estadounidense requiere transparencia, reglas claras y respeto al derecho internacional humanitario. Cualquier desviación comprometería la credibilidad del país y podría desencadenar tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.

Legisladores decididos a exigir respuestas

Con las investigaciones ya en marcha, los legisladores buscan determinar si hubo extralimitación en el uso de la fuerza, si se siguieron las cadenas de mando correspondientes y si el secretario de Defensa ordenó actos más allá de lo permitido legalmente.

El consenso bipartidista apunta a que, independientemente del desenlace, el Congreso deberá reforzar la supervisión sobre operativos militares que se desarrollan fuera de la vista pública y bajo justificaciones de seguridad nacional.