Chile enfrenta un nuevo capítulo en su historial de abusos empresariales y fallas regulatorias. Un reciente informe reveló que las generadoras eléctricas cobraron sobreprecios por hasta 200 millones de dólares a los consumidores durante los últimos ocho años. El hallazgo ha desatado un escándalo político y económico, que ya provocó la destitución de los dos principales funcionarios a cargo del sector energético.

Este nuevo caso se suma a una larga lista de irregularidades que en los últimos años han afectado a los usuarios en sectores clave como farmacias, alimentos, productos sanitarios y delivery, y vuelve a poner en tela de juicio la eficacia de los organismos reguladores y la ética empresarial en Chile.

El error que desató el escándalo

Según la investigación, la Comisión Nacional de Energía (CNE) —encargada de fijar las tarifas eléctricas cada semestre— aplicó por error dos veces la variación semestral de la inflación, lo que provocó un aumento indebido en los precios que pagaron millones de usuarios.

Lo más grave, según el ministro de Energía y Economía, Álvaro García, es que las empresas generadoras recibían los informes de la CNE antes de su publicación, por lo que habrían tenido la oportunidad de detectar la duplicación del cálculo y alertar a la autoridad.

“Las generadoras semestralmente reciben un informe de la CNE donde se detalla cuánto va a cambiar la tarifa y por qué. Que en ocho años nadie haya notado este error es, al menos, dudoso”, declaró García, quien asumió el cargo tras la destitución de su antecesor, Diego Pardow, por orden del presidente Gabriel Boric.

El ministro agregó que, aunque puede no haber responsabilidad legal directa, sí existe una responsabilidad moral por parte de quienes se beneficiaron del error y no lo reportaron. “Es como si alguien ve que a una persona se le cae la billetera y no se la devuelve. No hay obligación legal, pero sí ética. Aquí ocurrió algo similar”, comparó.

Las generadoras niegan haber detectado el error

El gremio que agrupa a las 12 principales generadoras eléctricas del país negó cualquier conocimiento del error en los cálculos de la CNE. En un comunicado, aseguraron que sus empresas “no detectaron irregularidades” durante el proceso de revisión de los informes tarifarios.

Sin embargo, el gobierno mantiene su postura: es prácticamente imposible que las compañías no se percataran del error, considerando su experiencia técnica y el hecho de que los reajustes eran revisados periódicamente.

El caso ha generado indignación pública, especialmente porque ocurre justo cuando se aproxima el sexto aniversario del estallido social de 2019, un periodo marcado por las demandas ciudadanas contra los abusos económicos y la falta de transparencia en el sector empresarial.

Las consecuencias políticas y económicas

El impacto del escándalo ha sido inmediato. El presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de Diego Pardow, exministro de Energía, y de Juan Antonio Rosales, principal funcionario técnico de la CNE, como medida para restaurar la confianza pública.

Por su parte, el nuevo ministro Álvaro García aseguró que el gobierno trabaja en una restitución económica directa a los consumidores, que se reflejará en una rebaja del 2% en las tarifas eléctricas a partir de enero de 2026.

“Vamos a explicar cuánto se cobró de más y cómo ese monto será devuelto. Queremos hacerlo de forma transparente, para que todos los usuarios puedan verificarlo en su boleta”, declaró García.

No obstante, la medida ha sido calificada por algunos expertos como insuficiente, ya que el daño acumulado por años de cobros excesivos supera con creces el alivio temporal que supondrá una reducción del 2%.

Un nuevo golpe a la confianza en el sistema

El caso de las tarifas eléctricas infladas revive la discusión sobre la falta de supervisión efectiva y ética corporativa en Chile. Diversos economistas y analistas han señalado que los errores regulatorios y la falta de transparencia contribuyen a una sensación de impunidad empresarial que ha erosionado la confianza ciudadana.

Durante los últimos años, el país ha enfrentado casos de colusión y sobreprecios en sectores esenciales como medicamentos, alimentos y combustibles, en los que las sanciones y compensaciones a consumidores han sido limitadas.

El nuevo escándalo energético podría marcar un punto de inflexión si el gobierno cumple su promesa de transparentar los mecanismos de fijación de tarifas y fortalecer la fiscalización de las empresas.

El hallazgo de sobreprecios por 200 millones de dólares en las tarifas eléctricas no solo refleja un grave error técnico, sino también un problema estructural de responsabilidad y ética en el sector energético chileno.

Si bien el gobierno busca reparar el daño con una rebaja futura en las tarifas, la verdadera lección será si se logra reformar la supervisión y prevenir que este tipo de abusos se repita. En un país donde la memoria del estallido social sigue viva, la ciudadanía exige más que explicaciones: demanda justicia, transparencia y rendición de cuentas.