El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la convocatoria de una consulta popular mediante decreto, a pesar de la negativa del Senado, lo que anticipa un conflicto constitucional y político con el Congreso y la oposición, mientras la Cruz Roja alerta sobre la peor situación humanitaria desde el acuerdo de paz.
Este 4 de junio de 2025, la política colombiana se ha visto sacudida por la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar una consulta popular, a pesar de haber perdido la votación para su convocatoria en el Senado. Esta acción, anunciada en una alocución presidencial, se perfila como un desafío directo a la separación de poderes y podría desencadenar una crisis constitucional significativa en el país.
La medida ha generado un rechazo inmediato y contundente por parte de la oposición. Ocho partidos políticos han calificado la acción de Petro como «unilateral» e «inconstitucional», lo que anticipa un enfrentamiento político y legal entre el ejecutivo y el legislativo. La Sala Quinta del Consejo de Estado será la encargada de definir el rumbo de este proceso, lo que coloca al poder judicial en una posición central para resolver la controversia. Esta disposición del gobierno a forzar los límites de las normas constitucionales para avanzar en su agenda podría socavar las instituciones democráticas y aumentar la polarización política en Colombia.
En paralelo a esta tensión política, la situación de seguridad y el proceso de paz en Colombia enfrentan serios retrocesos. La Cruz Roja ha emitido una grave advertencia, señalando que el país atraviesa la «peor situación humanitaria» desde la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Esta declaración refleja un recrudecimiento de la violencia en varias regiones y pone en entredicho la efectividad de la estrategia de «paz total» del gobierno.
Los diálogos de paz con grupos armados también han sufrido importantes reveses. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron sus conversaciones de paz con el gobierno en abril de 2025, citando un ataque del Ejército como motivo. De manera similar, el proceso de paz con el ELN ha experimentado interrupciones debido a acciones guerrilleras.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha reconocido que, si bien el país ha avanzado en la reducción de la violencia desde el acuerdo de paz, persisten desafíos significativos, especialmente la lentitud en la implementación de la reforma rural y la necesidad de desmantelar los grupos armados ilegales. Esta situación demuestra que, a pesar de los logros iniciales del acuerdo de paz con las FARC, las causas subyacentes del conflicto, como la fragmentación de grupos armados ilegales, la desigualdad económica en áreas rurales y la insuficiente presencia estatal, no han sido abordadas de manera efectiva. La crisis humanitaria es una consecuencia directa de este deterioro de la seguridad, afectando a las poblaciones civiles y pudiendo generar nuevos desplazamientos.
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