Imagina llegar a tu trabajo y descubrir que debes compartir el mismo espacio con alguien que te amenaza, acosa o pone en peligro. Para muchas personas, alejarse de esa situación puede significar arriesgar su sueldo o incluso perder su empleo. Ese dilema podría cambiar si prospera una iniciativa presentada en el Senado mexicano para reconocer un nuevo derecho frente a la violencia laboral.

La propuesta, promovida por la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea incorporar el artículo 135 Bis a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Su objetivo es permitir que las personas trabajadoras interrumpan temporalmente sus actividades cuando existan motivos razonables y comprobables para considerar que enfrentan un peligro grave e inminente para su vida, salud o seguridad.

La medida busca que alejarse de una situación peligrosa no se convierta en una falta injustificada ni en un motivo para perder el salario o la relación laboral.

¿Qué propone la reforma contra la violencia laboral?

La iniciativa plantea que cualquier persona trabajadora pueda retirarse temporalmente de su puesto cuando existan actos de violencia o acoso que representen un riesgo grave. Para ejercer este derecho, tendrían que existir motivos razonables y comprobables que permitan identificar el peligro.

Además, el empleador tendría la obligación de valorar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias de protección. La propuesta establece que no se debería exigir el regreso de la persona a la situación peligrosa antes de activar las medidas correspondientes.

Otro punto importante es que la ausencia no podría considerarse abandono del trabajo, falta injustificada o una causa para rescindir la relación laboral. La intención es evitar que quien busca ponerse a salvo termine enfrentando consecuencias laborales por hacerlo.

La iniciativa también contempla conservar el salario durante el tiempo necesario para protegerse, siempre que la persona permanezca a disposición del empleador y se encuentre bajo las condiciones de seguridad previstas.

¿Por qué buscan reconocer este derecho en la LFT?

Actualmente, la legislación contempla supuestos en los que una persona puede rescindir su relación laboral por determinadas conductas del empleador. Sin embargo, la propuesta señala que no existe una alternativa específica para interrumpir temporalmente la exposición al peligro sin poner en riesgo el empleo.

En su exposición de motivos, la senadora argumenta que un sistema de prevención debe ofrecer mecanismos para denunciar, investigar y sancionar la violencia, pero también permitir que las personas se alejen cuando la protección no puede esperar a que termine un procedimiento.

El problema tiene consecuencias que van más allá del entorno laboral. La violencia y el acoso pueden relacionarse con estrés, ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y rotación de personal. Por eso, la iniciativa plantea que la protección inmediata debe formar parte de las herramientas disponibles para los trabajadores.

La OIT advierte sobre la violencia y el acoso en el trabajo

La propuesta también toma como referencia el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos que abordan la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral.

De acuerdo con las cifras citadas en el documento, más de una de cada cinco personas empleadas ha experimentado alguna forma de violencia o acoso durante su vida laboral. El informe distingue entre agresiones psicológicas, físicas y sexuales, y advierte que solo una parte de las víctimas comunica lo ocurrido.

En ese contexto, el derecho a retirarse de una situación peligrosa se plantea como una medida preventiva temporal. No sustituiría las denuncias ni las investigaciones, sino que permitiría proteger a la persona mientras se atiende el problema.

¿Cuándo entraría en vigor el permiso para alejarse del trabajo?

La iniciativa todavía debe ser evaluada y, por lo tanto, no representa un derecho vigente para todos los trabajadores. Para convertirse en ley tendría que completar el proceso legislativo correspondiente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto establece que, si se aprueba, entraría en vigor al día siguiente de su publicación. También contempla un plazo de 120 días naturales para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realice las adecuaciones administrativas y emita lineamientos.

Por su parte, los empleadores tendrían 180 días naturales para adaptar sus protocolos internos, sin que estos puedan utilizarse para condicionar o retrasar el ejercicio del derecho.

La propuesta busca que nadie tenga que elegir entre conservar su ingreso y proteger su integridad. Si avanza en el Congreso, México podría incorporar una herramienta preventiva para atender situaciones de violencia laboral sin castigar a quienes necesitan ponerse a salvo.