El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sabemos que la violencia de género es un problema estructural que afecta de manera significativa la vida de las mujeres. Recordemos que la violencia hacia las mujeres se expresa de distintas maneras: física, emocional, sexual, económica, patrimonial y simbólica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres, a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o de terceros a lo largo de su vida, lo que equivale a entre el 31 y el 35 por ciento de la población femenina; es decir, más de 840 millones de personas han sufrido violencia física o sexual.

Una mujer puede ser víctima de varias formas de violencia (física, emocional, sexual, económica, patrimonial y simbólica) durante su vida. Lo desafortunado de esta situación coercitiva es que, en ocasiones, llega a normalizarse por causas estructurales, como el aprendizaje cultural dentro de una sociedad machista, donde la eliminación de la violencia hacia las mujeres no es un tema prioritario. Sin embargo, sus efectos pueden ir desde acabar con su integridad como personas hasta llevarlas al último eslabón de este ciclo de violencia: el feminicidio.

Minimizan la gravedad en el país

Según datos de la organización internacional Ayuda en Acción, se estima que, a nivel mundial, cada año son asesinadas por sus parejas o familiares un promedio de 140 mujeres y niñas al día. Particularmente en México, retomando información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en nuestro país se asesina en promedio a 10 mujeres al día. Además, se menciona que solo el 30 por ciento de los casos son tipificados e investigados como feminicidios. Este bajo porcentaje de clasificación deja ver que instituciones como el Poder Legislativo y la Fiscalía General de la República minimizan, en el cumplimiento de sus obligaciones, la gravedad de la presencia de los feminicidios en nuestro país.

Pero ¿cómo afecta la violencia hacia las mujeres en el campo de la salud sexual y reproductiva? De primer momento, debemos decir que toda violencia hacia las mujeres vulnera sus derechos humanos, entre ellos, los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, si sabemos que la violencia hacia las mujeres es estructural, la relación de esta violencia con los determinantes sociales nos permite comprender que las condiciones particulares, sean sociales, económicas, etarias, de clase y de origen, impactan de manera específica en la salud sexual y reproductiva de cada mujer.

Comencemos con las adolescentes y las jóvenes. Pensemos en aquellas que deciden ejercer voluntariamente su vida sexual y protegerse, pero las condiciones de los servicios de salud no les permiten obtener información sobre salud sexual ni les ofrecen métodos anticonceptivos. Con ello, les cancelan la opción de prevenir un embarazo no planeado. Esta carencia de empatía y falta de responsabilidad de los servicios de salud constituye un acto de violencia institucional hacia este grupo etario, al inhibir el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Ahora, pensemos en aquellos imperdonables casos en los que se obliga a cualquier mujer, independientemente de su edad, a tener relaciones sexuales, lo que debemos nombrar como violación, que desafortunadamente también se presenta a gran escala en niñas. La violación, como acto concreto de violencia hacia las mujeres, sin duda vulnera sus derechos sexuales y reproductivos, al momento en que otra persona decide sobre el cuerpo y la sexualidad de las víctimas, ignorando su voluntad.

Pasemos al campo de la ginecoobstetricia. Cualquier mujer embarazada, independientemente de su nivel económico, edad, clase u origen, que acude a un servicio de salud también puede vivir violencia institucional. Por ejemplo, violencia obstétrica, al ser víctima de regaños o agresiones físicas por parte del personal de salud, o cuando este decide por ella cómo debe vivir su parto, anulando la decisión de la gestante y, con ello, su derecho a decidir sobre el desenlace de su embarazo.

Otra forma de violencia institucional es la falta de un servicio de planificación familiar adecuado a las necesidades de cada mujer o la falta de anticonceptivos dentro de los servicios de salud. También lo es algo fundamental: la ausencia de una atención con perspectiva de género. Si bien la violencia hacia las mujeres en términos de atención a su salud sexual y reproductiva está relacionada con la violencia institucional, también está vinculada con lo que ellas viven dentro de su ámbito familiar. Por ejemplo, el hecho de que el varón obligue a su compañera a tener relaciones sexuales, aunado a la falta de uso de métodos de prevención, ya sea para infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos, son hechos agresivos que condicionan la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las colocan en un estado de vulnerabilidad.

Un problema de salud pública

Desde este marco, la violencia hacia las mujeres debería considerarse como un problema de salud pública y, como tal, ser atendida, sobre todo en las instituciones de salud, donde los acontecimientos negativos que viven las mujeres dentro de estos espacios no son percibidos como actos de violencia, sino como ausencias o ineficiencias del sistema de salud.

Sería conveniente que las autoridades encargadas de desarrollar las políticas públicas nacionales en materia de salud comenzaran a visibilizar la violencia hacia las mujeres como un factor que limita el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin duda, es un gran pendiente que nos deben a todas las mujeres, seamos adultas, jóvenes, adolescentes o niñas.