El Gobierno de Yucatán instaló el Comité de Seguimiento y Evaluación del Florecimiento Algal Nocivo, un organismo que coordinará las acciones de vigilancia, monitoreo y respuesta ante la presencia de este fenómeno natural conocido como marea roja, con el objetivo de proteger la salud pública, garantizar la seguridad de los productos del mar y mantener el monitoreo permanente durante la temporada vacacional.
Durante la instalación del comité, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que este mecanismo permitirá fortalecer la emisión de alertas tempranas y la coordinación entre dependencias estatales y federales para actuar de manera oportuna ante posibles afectaciones en el litoral yucateco. Asimismo, destacó que la vigilancia deberá mantenerse de forma permanente y con base en información científica.
Supervisión sanitaria
Como parte de la estrategia, también entró en operación un nuevo sistema sanitario para supervisar el embarque y manejo de productos pesqueros destinados a la exportación, con el propósito de garantizar su calidad, inocuidad y trazabilidad, además de cumplir con los estándares sanitarios nacionales e internacionales.
El programa contempla el monitoreo ambiental de manglares, arrecifes y zonas costeras, integrando acciones de vigilancia sanitaria y protección de los recursos naturales para detectar de manera anticipada cualquier florecimiento algal nocivo y reducir sus posibles impactos en la población y el sector pesquero.
Las autoridades estatales informaron que el comité trabajará de manera coordinada con dependencias federales como la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de eventos.
El Gobierno del Estado señaló que la creación de este organismo busca brindar mayor certidumbre a las comunidades pesqueras, al sector turístico y a la población en general, mediante un esquema permanente de vigilancia que permita proteger la salud pública, preservar los ecosistemas costeros y garantizar el consumo seguro de productos del mar.
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