El Senado de la República ha aprobado la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reforma que centraliza la inteligencia y unifica bases de datos, incluyendo información biométrica. La oposición la ha bautizado como la «Ley Espía», denunciando un riesgo de vigilancia masiva.
En una sesión que ha encendido las alarmas sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en México, el Pleno del Senado aprobó la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta legislación representa un cambio fundamental en la arquitectura de seguridad del Estado, al crear un andamiaje legal para unificar y coordinar las estrategias de inteligencia entre los tres niveles de gobierno.
El núcleo de la reforma es la creación de un sistema centralizado que integrará múltiples bases de datos gubernamentales. Esto incluye información sensible como registros financieros, aduaneros, de telecomunicaciones y, de manera crucial, datos biométricos de los ciudadanos.
Sugerencia: Una ilustración conceptual que muestre un ojo digital observando conexiones entre un CURP, una huella dactilar, un celular y una tarjeta de crédito, con el título «¿Seguridad o Vigilancia?».
La defensa del gobierno: «No es espionaje, es inteligencia»
Desde la bancada del partido en el poder, Morena, y sus aliados, la defensa de la ley es firme. Argumentan que es una herramienta indispensable para transitar de un modelo de seguridad reactivo a uno proactivo. Sostienen que, al cruzar información, las autoridades podrán anticipar amenazas, prevenir delitos y combatir con mayor eficacia al crimen organizado.
La senadora Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, aseguró que «no significa espiar, sino actuar con responsabilidad institucional». El oficialismo niega categóricamente que el objetivo sea la vigilancia de ciudadanos comunes y enmarca la ley como un paso necesario para pacificar el país.
La oposición y sociedad civil: «Nace un Estado espía»
La respuesta de la oposición ha sido contundente. Senadores del PAN, PRI y MC desplegaron mantas en el pleno con la leyenda «Morena Espía» y calificaron la ley como el nacimiento de un «Estado espía» y un «Estado fisgón». Su principal argumento es que la ley otorga al gobierno y a las fuerzas armadas un acceso sin precedentes a la vida privada de los mexicanos, con controles y contrapesos insuficientes. El senador Ricardo Anaya advirtió que el gobierno podría tener acceso a toda la información de un ciudadano con solo su CURP.
«Este sistema no es de inteligencia, es de una vigilancia masiva. Por eso, desde Acción Nacional decimos, sí a la seguridad, no al espionaje». – Senador Francisco Ramírez Acuña.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19, han hecho eco de estas preocupaciones. Advierten que este paquete de reformas crea una «infraestructura tecnológica autoritaria» que amenaza gravemente la privacidad y podría ser utilizada para reprimir a periodistas, activistas y opositores políticos, al no existir mecanismos claros de rendición de cuentas sobre quién accede a los datos y por qué.
La nueva realidad: ¿a qué precio la seguridad?
Con la aprobación de esta ley, que ahora pasará al Ejecutivo para su publicación, el debate nacional sobre seguridad versus privacidad ha entrado en una fase crítica. La tecnología para crear un perfil detallado de cada ciudadano ahora cuenta con un marco legal que la respalda.
La pregunta que queda suspendida en el aire y que cada mexicano deberá sopesar es: para sentirnos más seguros, ¿estamos dispuestos a entregar las llaves de nuestra vida privada?
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