En la primera parte, en este mismo espacio, reflexionamos sobre la violencia obstétrica (VO), considerando como referente el informe presentado en el pasado mes de julio por la ONU sobre las discriminaciones sistemáticas que viven las mujeres que deciden ser madres; se mencionaron las diversas formas en cómo se presenta la violencia obstétrica y algunas consecuencias de quienes la viven por parte del personal de salud y la propia institución.
Recordando el impacto que provoca la VO, ésta sin duda trastoca la integridad de las mujeres, pero también de aquellas personas que se identifican con otro género con capacidad de gestar, y a quienes por cierto, no se le permite ejercer de manera adecuada y humanan sus derechos sexuales y reproductivos. Para quien vive VO sin duda no se le garantiza una salud sexual y reproductiva si partimos de su definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entendida como aquel estado de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema reproductivo y la sexualidad.
Si desmenuzamos esta definición, podemos ver que el beneficio físico de la persona gestante dentro de la atención perinatal al recibir VO es nulo, al recibir una serie de injerencias que ejecuta el personal de salud, como son los tocamientos constantes e innecesarios en la cavidad uterina para conocer la dilatación, episiotomías, el rasurado de pubis o la inducción del parte con oxitócicos, entre otras.
Respecto al beneficio mental, que hace referencia a la salud psicológica y emocional para las personas perinatales que reciben por ejemplo violencia verbal dentro de los servicios de salud, como gritos, insultos, autoritarismo, o las minimizan al dirigirse a ellas “afectuosamente” (mamacita o hijita), este tipo de violencia puede dañar su autoestima e incluso provocarles ansiedad.
Y por último el bienestar social, si bien este concepto abarca un conjunto de condiciones y factores que deben garantizar que las personas tengan un vida plena, en este caso solo nos enfocaremos a la seguridad y entorno, que hace referencia a la protección contra los tipos de violencia; en ese sentido, sin duda, una persona gestante que recibe una o varias acciones de violencia obstétrica, no tiene consolidada su seguridad en el entorno de la atención materna.
Ante las falta de los tres bienestares, queda claro que quien vive violencia obstétrica no tiene garantía de una salud sexual y reproductiva, que irónicamente los servicios de salud perinatal deberían ofrecer.
En el panorama nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), reporta que entre 2016 y 2021, el 31.4% de las mujeres vivieron durante el parto al menos un tipo de violencia obstétrica, es decir, estamos hablado que un poco menos de la tercera parte de las mujeres gestantes mexicanas son propensas a experimentar violencia dentro de los servicios de salud, dato que debería indignarnos.
De acuerdo con un informe elaborado por GIRE, el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en este 2026, la presencia de la VO varía según las características de las mujeres. Mencionan que las mujeres con discapacidad presentan más VO que aquellas sin esta característica, representando 43.9%, y este porcentaje aumenta si son adolescentes, 55.4%. Estos últimos datos nos llevan a pensar que la VO aumenta en los servicios perinatales cuando la condición de la persona es sociocultural y económicamente más vulnerable; en ese sentido, es necesario retomar lo mencionado en el informe de GIRE, cuando hace mención de no considerar la VO solo desde la simplicidad de las prácticas clínicas negativas, sino comprender y tratarla desde la interseccionalidad, es decir, tomar en cuenta las condiciones de raza, género, clase social, orientación sexual, entre varias, lo que hace sentido en colocar a la VO como un problema de salud pública nacional, que como bien también se menciona en el informe, no es suficiente sancionar o penalizar las acciones de violencia obstétricas, por el contrario el Estado y las instituciones de salud nacionales deben apostarle a la prevención.
Por mi parte, solamente haría énfasis en la necesidad de reflexionar en dos puntos que pueden contribuir:
a) Reconocer que la VO la viven mujeres y personas con capacidad de gestar, en ese sentido, la violencia obstétrica no es un asunto solo de mujeres, es una problemática estructural que afecta a todas las personas que pueden y tienen derecho a la gestación, independientemente de su preferencia sexual o identidad de género, por lo que se tendría que comenzar a visibilizar cifras sobre el tema en todas las personas gestantes, una tarea pendiente que se debería considerar para tener un panorama mayormente incluyente.
b) En otro punto, se ha documentado en la literatura sociomédica y en antropológica médica sobre la importancia que dentro de la formación académica de las carreras (medicina, enfermería, trabajo social, etcétera) y especialidades, como la ginecobstetricia, se considere dentro del currículo académico materias con contenido socio-humanista y cultural, que ofrezcan bases sólidas para que al ejercer como personal de salud sepan ofrecer una atención de calidad y con calidez. Por mencionar un ejemplo, está el tema sobre parto humanizado, o materias con enfoque antropológico que permita a los estudiantes conocer la diversidad de vivencias diferenciadas del embarazo, parto y posparto según las características socioculturales y económicas de las personas gestantes. Se trata de ofrecer otros enfoques más allá de lo clínico. Como podemos ver, erradicar la VO es un asunto de voluntades.
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