Con 19 votos en contra y 17 a favor, el Congreso de Guanajuato rechazó despenalizar el aborto, manteniéndose como uno de los pocos estados que criminalizan la interrupción del embarazo. En respuesta, colectivos feministas han anunciado una estrategia de amparos masivos contra el Legislativo.
La «marea verde» ha encontrado un dique en Guanajuato. En una votación que refleja la profunda división social y política del estado, el Congreso local rechazó las iniciativas que buscaban despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La decisión, impulsada principalmente por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), mantiene a Guanajuato en una lista cada vez más reducida de entidades que contravienen el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021.
El dictamen fue archivado de forma definitiva, lo que significa que la discusión legislativa sobre este tema queda cerrada por ahora. La votación finalizó con 19 votos en contra, provenientes del PAN y aliados clave de otros partidos, frente a 17 votos a favor de la oposición, evidenciando la fuerza del llamado «lobby pro-vida» en la región.
Sugerencia: Una imagen dividida: de un lado, el interior del Congreso de Guanajuato durante la votación; del otro, una manifestante con un pañuelo verde frente a un edificio judicial.
El desafío a la Suprema Corte
La decisión del Congreso de Guanajuato no es solo una postura política, sino un desafío directo al máximo tribunal del país. En septiembre de 2021, la SCJN determinó que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, sentando un precedente que obliga a todos los jueces del país a fallar en ese sentido.
Al negarse a armonizar su Código Penal con este criterio, el Legislativo guanajuatense se coloca en una situación de desacato constitucional, argumentan las organizaciones de la sociedad civil.
La contraofensiva legal: el amparo por omisión
Lejos de aceptar la derrota, los colectivos feministas y defensoras de los derechos reproductivos han movido el campo de batalla. Inmediatamente después de la votación, organizaciones como la Red de Acompañantas de León anunciaron el inicio de una contraofensiva legal.
Su principal herramienta es el juicio de amparo por omisión legislativa. Un grupo de 139 feministas ya presentó un recurso legal argumentando que, al no legislar conforme al mandato de la SCJN, el Congreso de Guanajuato está fallando en su deber constitucional.
«Esperamos que, mediante esta vía, algún juez federal que conozca del asunto pueda resolver esta omisión legislativa y ordenar al Congreso del estado que legisle en la materia». – Cristian Rodríguez, coordinador de asesores de Morena.
Esta estrategia busca que un juez federal ordene al Congreso local acatar el fallo de la Corte y reformar la ley. Es una táctica que ya ha funcionado en otros estados, demostrando que cuando la vía política se cierra, la vía judicial puede abrir nuevas puertas.
La batalla se traslada a los juzgados
La lucha por los derechos reproductivos en Guanajuato no ha terminado; simplemente ha cambiado de escenario. La negativa de los legisladores ha forzado a las activistas a judicializar su causa. El resultado de estos amparos será un termómetro clave para medir la fuerza real de las decisiones de la Suprema Corte y la capacidad de la sociedad civil para hacer valer los derechos humanos en los rincones más conservadores de México.
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