La violencia en Sinaloa dio un giro aterrador este viernes cuando, frente a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de la Zona Centro en Culiacán, sujetos armados secuestraron a dos familiares de José Carlos “N”, un joven asesinado cuyo cuerpo fue encontrado en un tramo carretero entre Culiacán y Costa Rica.
Los secuestradores interceptaron a José Adrián “N”, hermano de la víctima, y a Leonso Daniel “N”, posible medio hermano, cuando acudían a reconocer el cuerpo de José Carlos, quien llevaba días desaparecido. Según testigos, los agresores viajaban en un automóvil Kia rojo, armado con fusiles de asalto.
Un crimen dentro de otro: lo que se sabe del caso
El cuerpo de José Carlos “N”, de 27 años, fue hallado la noche del jueves. Presentaba signos de tortura y la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. Su familia fue contactada para identificar el cuerpo en la Fiscalía, donde ocurrió el secuestro.
Los hombres fueron obligados a subir al vehículo de los captores, mientras que dos mujeres que los acompañaban fueron liberadas. Hasta ahora, el paradero de los secuestrados es desconocido, y las autoridades no han emitido declaraciones oficiales al respecto.
La tragedia en contexto: guerra narco y desapariciones
Sinaloa vive un conflicto brutal entre facciones del Cártel de Sinaloa, lideradas por “Los Chapitos” y “La Mayiza”. En medio de esta guerra, las desapariciones aumentan de manera alarmante.
Entre el 9 de septiembre y el 11 de diciembre, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) registró 465 personas desaparecidas. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió 695 carpetas de investigación en el mismo periodo. Este desfase de 230 casos refleja el caos administrativo y la desesperación de las familias.
En promedio, se reportan más de cinco desapariciones diarias en la región. Los cuerpos encontrados con signos de tortura, como el de José Carlos, evidencian el nivel de crueldad de los grupos criminales.
El impacto social y la falta de justicia
La violencia no solo cobra vidas, sino que siembra el terror en quienes buscan justicia. Este caso es un recordatorio de la fragilidad institucional y del peligro que enfrentan las familias al exigir respuestas.
Mientras las autoridades permanecen en silencio, la sociedad exige acciones concretas para frenar la violencia y garantizar que crímenes como este no queden impunes.
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