La alcaldesa con licencia de Cancún, Ana Paty Peralta, rechazó la información que circuló el martes sobre el supuesto retiro de su visa estadounidense y presuntas investigaciones relacionadas con posibles nexos con personas vinculadas al narcotráfico.
La versión difundida por el diario El Financiero señalaba, con base en fuentes con conocimiento del caso, que autoridades de Estados Unidos habrían determinado retirar las visas de la alcaldesa, su esposo y su suegro.
La misma publicación sostuvo que existirían líneas de investigación de autoridades federales mexicanas relacionadas con presunto desvío de recursos, operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos y posibles contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Ante la difusión de estas versiones, la alcaldesa de Cancún salió públicamente a desmentirlas y aseguró que tanto ella como su familia mantienen su documentación en orden.
“Amigas y amigos, ante la información que ha circulado en las últimas horas, quiero ser muy clara: lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso”, afirmó.
La alcaldesa insistió en que no participará en especulaciones alrededor del caso y llamó a privilegiar información comprobada.
“No entraré en especulaciones ni en polémicas innecesarias. Creo firmemente que hoy más que nunca debemos privilegiar la verdad, el respeto y la unidad”, agregó.
Señalan desvío de recursos
La información que detonó la respuesta de la presidenta municipal sostiene que existirían investigaciones federales sobre el manejo de recursos y estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.
Entre las líneas señaladas se encuentran un posible desvío de recursos públicos, supuestas operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y eventuales contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente documentos o una explicación oficial de las autoridades estadounidenses que establezcan las razones de una eventual decisión migratoria. Los señalamientos sobre posibles investigaciones tampoco equivalen a una determinación de responsabilidad penal.
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