El desarrollo inmobiliario “Cataluña”, promocionado en redes sociales como una inversión segura en Cancún, terminó clausurado esta semana por operar de forma completamente ilegal y devastar un área de selva sin contar con permisos municipales, estatales ni federales.
De acuerdo con el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), Alonso Lemmen, este proyecto inmobiliario a cargo de la constructora Grupo Amanecer ha sido clasificado como un ecocidio que conlleva sanciones económicas, así como medidas de restauración obligatoria para mitigar el impacto ambiental.
“Es un fraccionamiento irregular, sin una sola autorización. No presentó su Manifestación de Impacto Ambiental, ni estudios previos, y se construía a menos de tres metros del manto freático. El riesgo ambiental es evidente”, dijo.
La clausura del desarrollo inmobiliario se realizó tras una denuncia ciudadana, que activó un operativo encabezado por la presidenta municipal de Benito Juárez, en coordinación con dependencias estatales y federales.
Multas y restauración: el costo del daño ambiental
De acuerdo con el funcionario estatal, la Procuraduría ambiental impondrá sanciones que podrían alcanzar los tres millones de pesos, y dependerá del tamaño del predio afectado, el porcentaje de avance de obra y la magnitud del impacto ecológico.
Pero más allá de la multa económica, Alonso Lemmen detalló que la empresa está obligada a presentar un programa de restauración que contemple la reforestación con la misma cantidad y tipo de árboles talados, ya sea en el mismo sitio o en otras zonas definidas por las autoridades.
“Tienen que reparar o compensar el deterioro ambiental. No basta con detener la obra, deben restaurar el ecosistema que dañaron”, explicó.
Una obra sin sustento legal ni técnico
El fraccionamiento era comercializado a través de redes sociales, pero nunca tuvo permisos de uso de suelo, urbanización ni autorización ambiental, y es que la zona donde se construía presenta condiciones ambientalmente inviables, según la PPA, lo que imposibilita su regularización legal.
“Por la zona y el tipo de obra, no se puede colocar un drenaje sin poner en riesgo el manto freático. Aunque la empresa quisiera tramitar los permisos ahora, por criterios técnicos, es imposible”, comentó Lemmen.
Es por ello que reiteró que la devastación de vegetación, la alteración del hábitat de fauna silvestre y la contaminación potencial de los cuerpos de agua subterráneos fueron elementos clave para la clausura.
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