Poca participación ciudadana en casillas de Cancún durante la histórica elección judicial, bajo la medida de Ley Seca.
La jornada de la histórica elección del Poder Judicial en Cancún se ha caracterizado por una baja afluencia de votantes en casillas como la de la Supermanzana 527, mientras la medida de Ley Seca se mantiene vigente en todo Quintana Roo.
Este domingo 1 de junio, Cancún fue escenario de una elección judicial de carácter histórico, la primera vez que la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir directamente a quienes serán responsables de aplicar la ley en el país. Sin embargo, la jornada se ha visto marcada por una notable «poca afluencia de votantes» en diversas casillas, como la ubicada en la Supermanzana 527.
Paralelamente, y como parte de las medidas para asegurar la tranquilidad del proceso electoral, se implementó la «Ley Seca» en todo Quintana Roo, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas desde el primer segundo del sábado 31 de mayo hasta el último del domingo 1 de junio. Las autoridades han sido enfáticas en que esta medida busca evitar cualquier tipo de altercado o problema relacionado con el consumo de alcohol durante las votaciones.
La baja participación ciudadana en una elección de esta trascendencia, a pesar de su carácter histórico, sugiere una posible desconexión o falta de involucramiento entre la ciudadanía y el Poder Judicial. A diferencia de las elecciones ejecutivas o legislativas, la elección directa de funcionarios judiciales es una novedad, y es posible que los ciudadanos aún no comprendan plenamente su importancia o no se sientan suficientemente informados sobre los candidatos o las funciones de la judicatura. Un poder judicial elegido con una participación limitada podría enfrentar desafíos en cuanto a su legitimidad percibida o la confianza pública, lo que resalta la necesidad de campañas de educación cívica más robustas sobre el papel del poder judicial y la relevancia de las elecciones directas para fomentar una mayor participación y rendición de cuentas.
Por otro lado, la aplicación de la «Ley Seca», aunque es una medida común en periodos electorales, es «poco querida» por la población. Si bien su objetivo es mantener el orden y prevenir incidentes, su naturaleza restrictiva genera inconvenientes para el público y puede tener un impacto económico en los negocios locales. La efectividad de esta medida para prevenir altercados o si simplemente desplaza los patrones de consumo o fomenta ventas ilícitas es un tema de debate. La continua dependencia de este tipo de restricciones durante procesos cívicos señala preocupaciones subyacentes sobre el orden público en tiempos electorales, y plantea la pregunta de si medidas alternativas, menos restrictivas, podrían lograr objetivos de seguridad similares minimizando la interrupción pública y los efectos económicos negativos.
«Las autoridades han sido muy claras al respecto: la Ley Seca busca garantizar un proceso electoral en total tranquilidad.»
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