En un operativo conjunto que ha sacudido la tranquilidad de los habitantes de Tonalá, Chiapas, autoridades locales y federales lograron desmantelar un sistema de videovigilancia ilegal que operaba en diversas zonas del municipio. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Policía Municipal, realizó un allanamiento en el que fueron recuperadas 26 cámaras de seguridad que, presuntamente, formaban parte de una red utilizada por grupos delincuenciales para llevar a cabo actividades ilícitas.
Este hecho es solo uno de los muchos que evidencian el uso de tecnología para fines criminales en el país, lo que plantea serios desafíos para las autoridades y la población.
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— FGEChiapas (@FGEChiapas) January 24, 2025
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La importancia del desmantelamiento de sistemas ilícitos
La instalación de sistemas de videovigilancia ilegales ha sido una estrategia recurrente entre los grupos del crimen organizado en diversas partes de México. Estos dispositivos permiten a los delincuentes monitorear en tiempo real los movimientos de las fuerzas de seguridad, rivales y, en algunos casos, a la población general. En este contexto, la labor de la Fiscalía General de Chiapas cobra relevancia, ya que al desmantelar este sistema se da un golpe significativo al control territorial y a la logística criminal.
Los detalles del operativo en Tonalá
El operativo llevado a cabo en Tonalá permitió a las autoridades recuperar 26 cámaras que habían sido instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (Telmex) y alumbrado público. La ubicación de los dispositivos fue estratégica: 11 cámaras en Paredón, tres en Boca del Cielo, dos en Cabeza de Toro y 10 en Puerto Arista/Playa del Sol.
Los investigadores presumen que las cámaras no solo servían para monitorear las zonas de influencia del grupo criminal, sino también como una herramienta de intimidación para la población, lo que resalta la gravedad del hallazgo. Esta medida no solo refuerza el control territorial de los delincuentes, sino que además les permite adelantarse a cualquier operación de las autoridades.
¿Cómo los grupos criminales usan la videovigilancia para sus fines?
El uso de cámaras de videovigilancia por parte de los grupos del crimen organizado no es una práctica aislada. Los sistemas ilegales permiten a los delincuentes obtener información detallada sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, anticipándose a los operativos policiales y mejorando la coordinación dentro de la organización criminal.
Además, estas cámaras también cumplen una función estratégica para la intimidación, ya que al instalarlas en lugares visibles envían un mensaje de poder a la población. Sin embargo, la mayor amenaza radica en el uso de estas tecnologías para facilitar delitos como la extorsión y el secuestro.
En enero de este año, la Fiscalía de Chiapas también desmanteló un sistema similar en Frontera Hidalgo y Suchiate, municipios cercanos a la frontera con Guatemala. La finalidad de este sistema era seguir de cerca los movimientos de migrantes, a quienes, según las autoridades, los grupos del crimen organizado extorsionaban y secuestraban.
La respuesta de las autoridades ante el creciente problema
El caso de Tonalá resalta un patrón creciente de delincuencia organizada en Chiapas y otras regiones del sur del país. Las autoridades están conscientes de que la instalación de sistemas ilegales de vigilancia representa un desafío considerable. Sin embargo, el trabajo coordinado entre la Fiscalía de Chiapas, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal demuestra que se están tomando medidas para proteger a la ciudadanía y frenar este tipo de actividades.
A pesar de estos esfuerzos, los sistemas ilegales de videovigilancia siguen siendo una de las herramientas más efectivas para el crimen organizado. La tecnología avanza a un ritmo más rápido que las respuestas legales, por lo que las autoridades deberán intensificar sus esfuerzos para neutralizar estos sistemas, tanto en el ámbito físico como en el digital.
¿Cómo afectan estos sistemas a la seguridad pública?
Los sistemas de videovigilancia ilegales pueden tener un impacto directo en la seguridad pública, no solo en términos de la protección de la población, sino también en la logística de los cuerpos de seguridad. Al contar con acceso en tiempo real a las actividades de las autoridades, los delincuentes pueden evadir la justicia con mayor facilidad, lo que pone en riesgo la vida de policías y civiles.
Además, el temor que genera la presencia de estas cámaras no solo es físico; también actúa como una herramienta psicológica para controlar y dominar a las comunidades locales, especialmente en áreas donde el crimen organizado tiene mayor presencia.
¿Qué nos depara el futuro?
El desmantelamiento de sistemas de videovigilancia ilegales es solo un paso en la lucha contra el crimen organizado, pero es una victoria importante. A medida que las autoridades se enfrentan a estos retos, la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía será crucial para frenar el avance de la delincuencia en el país. Sin embargo, la tarea es ardua, y la tecnología continuará siendo un arma de doble filo tanto para el crimen como para quienes luchan contra él.
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