Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instaurado por la ONU en 2010. Esta fecha busca visibilizar un delito que atenta contra los derechos humanos, exigir verdad y justicia, y acompañar a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
En México, esta jornada tiene una carga especial: el país enfrenta una de las cifras más altas del planeta en desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 100 mil personas permanecen sin ser localizadas, un drama que atraviesa a todos los estados y que ha dejado una huella profunda en la sociedad.
La dimensión de la crisis
El fenómeno de las desapariciones forzadas en México comenzó a crecer con fuerza desde la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, aunque se vienen presentando desde finales de la década de los sesenta. Desde entonces, el número de casos ha aumentado año tras año, afectando principalmente a jóvenes de entre 15 y 40 años, en muchos casos vinculados a contextos de violencia criminal y corrupción institucional.
Estados como Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Guerrero concentran la mayor cantidad de reportes, pero colectivos señalan que el problema es nacional: ninguna entidad federativa está exenta. La mayoría de los casos permanecen sin resolver, lo que provoca una herida permanente en miles de familias.
La lucha de las familias
Los principales impulsores de la búsqueda no han sido las instituciones, sino los colectivos de familias que recorren campos, fosas clandestinas y morgues en busca de pistas. Frases como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” se han convertido en emblemas de una lucha que ha ganado reconocimiento internacional.
Madres, hermanas e hijos encabezan brigadas de búsqueda en todo el país. Además de intentar encontrar a los desaparecidos, exigen garantías de no repetición, apoyo psicológico y reparación integral de los daños.
Acciones institucionales
El gobierno federal ha puesto en marcha instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desaparición de Personas (2017), que obliga a las autoridades a actuar de manera coordinada. También se han creado panteones forenses y se promueve el uso de bases de datos como la del INE, para cotejar huellas dactilares y avanzar en identificaciones.
Organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han instado a México a redoblar esfuerzos y garantizar que las investigaciones no queden impunes. Aun así, los colectivos denuncian que los recursos son insuficientes y que persiste la falta de resultados.
Además de la búsqueda, el Día Internacional impulsa la construcción de memoria. En distintas ciudades del país se realizan marchas, vigilias y actos simbólicos donde se colocan fotos, veladoras y nombres de las víctimas. Estos eventos recuerdan que detrás de cada número hay una historia de vida truncada y una familia que espera respuestas.
AVANCES EN QUINTANA ROO
En este panorama nacional, Quintana Roo también ha dado pasos recientes. El fiscal estatal Raciel López Salazar informó que, gracias a un programa de identificación forense con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el INE, se han identificado 191 cuerpos que permanecían sin nombre desde 2017.
De ellos, 125 ya fueron reclamados por sus familiares, y 111 entregados tras años de espera. Otros 14 se encuentran en trámite y 66 permanecen bajo resguardo. Según el fiscal, el cuerpo más antiguo entregado corresponde al año 2017.
Este avance se logró con la colaboración de fiscalías de todo el país y muestra cómo la coordinación institucional puede devolver identidad y dignidad a las víctimas, así como alivio a las familias que llevaban años buscando respuestas.
LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO EN CIFRAS
- +100,000 personas desaparecidas en el país.
- 2006: inicio del incremento masivo de desapariciones tras la “guerra contra el narcotráfico”.
- 2017: creación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas.
- 191 cuerpos identificados en Quintana Roo, gracias al programa con apoyo de UNFPA e INE.
- 111 cuerpos entregados a sus familias en este estado, algunos tras siete años en calidad de desconocidos.
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