En sesión ordinaria del Congreso de Quintana Roo, la Legislatura 18 aprobó este miércoles 10 de diciembre el paquete de cuatro iniciativas enviadas por la gobernadora Mara Lezama, con el cual se busca atender temas que impactan directamente el día a día de las familias quintanarroenses.
Desde castigos más severos para agresores sexuales, un nuevo modelo para combatir la extorsión, el fortalecimiento del sistema de seguridad pública y reformas para garantizar igualdad salarial y protección efectiva para mujeres víctimas de violencia forman parte de las propuestas impulsadas por la mandataria.
Las iniciativas fueron presentadas el lunes 8 de diciembre, analizadas el martes en comisiones y votadas este miércoles, lo que refleja el respaldo total del Poder Legislativo a las reformas planteadas por el Ejecutivo estatal.
Castigo con firmeza para el abuso sexual
La primera iniciativa aprobada, con 21 votos a favor, modificó la manera en que la ley castiga el delito de abuso sexual en Quintana Roo. La gobernadora explicó que esta reforma responde a una demanda urgente de la población que exige penas más claras y severas para quienes cometen agresiones.
La actualización amplía la definición del delito de abuso sexual: ahora no solo se castiga el contacto físico, sino también conductas como obligar a una persona a mirar actos sexuales, exhibirla sin su consentimiento o usar una posición de poder para violentarla. También se establece como obligatorio que cualquier servidor público condenado por este delito quede inhabilitado de manera definitiva.
“No podemos permitir que una persona que agrede sexualmente a alguien salga por una laguna legal o por un vacío en la norma. Una agresión sexual no empieza solo cuando hay contacto físico. También es abuso cuando una persona es obligada a mirar actos sexuales o cuando alguien la exhibe sin permiso. La ley debe nombrar cada una de estas conductas para que nadie quede sin justicia”, señaló la gobernadora.
Nueva Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Extorsión
La segunda reforma, aprobada con 22 votos, crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado. De acuerdo con la gobernadora, esta iniciativa surge ante el crecimiento de este delito y la necesidad de contar con mecanismos más fuertes de protección ciudadana.
Uno de los pilares de la propuesta es el nuevo Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, que dará acompañamiento inmediato a personas que reciban amenazas o intentos de cobro ilegal.
La reforma ordena instalar tecnología de bloqueo total de señal telefónica y de datos en los centros penitenciarios, con el fin de impedir que las extorsiones sigan operando desde dentro. También se crea la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, integrada por personal capacitado y herramientas tecnológicas para investigar redes criminales.
Congreso da bases legales para Mesas de Paz y Centro de Mando
La tercera iniciativa moderniza la Ley de Seguridad Ciudadana para fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles. La gobernadora explicó que esta reforma responde a una realidad que exige actuar con inteligencia, rapidez y trabajo conjunto.
Con esta modificación, la ley reconoce formalmente a las Mesas para la Construcción de la Paz, donde autoridades federales, estatales y municipales analizan información y toman decisiones inmediatas para atender riesgos. Además, formaliza el Centro de Mando e Inteligencia del estado, encargado de videovigilancia, análisis de datos, geolocalización y coordinación de emergencias.
“No podemos seguir atendiendo problemas del siglo XXI con herramientas del pasado. Las Mesas de Paz son el corazón de la coordinación diaria. Ahí se toman decisiones que pueden salvar vidas. La seguridad también es saber dónde, cuándo y cómo se mueve el delito para actuar antes de que ocurra”, destacó la gobernadora.
Garantizan igualdad de género y protección efectiva
La última iniciativa aprobada modifica nueve leyes estatales para garantizar igualdad salarial, fortalecer la protección a mujeres víctimas de violencia y armonizar la legislación con la reforma constitucional federal de 2024. Las reformas obligan a dependencias, empresas y sindicatos a aplicar medidas para cerrar brechas de desigualdad en materia salarial.
“La igualdad ya no puede quedarse en el discurso. Hoy las mujeres siguen ganando menos por hacer lo mismo. Eso tiene que terminar”, expresó la mandataria.
Como parte del paquete, se actualizaron leyes de igualdad, seguridad ciudadana, trata de personas, atención a víctimas, juventud, VIH, seguridad escolar y violencia contra las mujeres.
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