Aunque la extorsión es el único delito de alto impacto que mantiene una tendencia ascendente en el país, el Gobierno federal asegura que los esfuerzos puestos en marcha desde julio han frenado numerosos casos antes de que se consumaran. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya deja cifras que muestran un cambio en la forma de atender esta amenaza.
Entre el 6 de julio y el 30 de noviembre de 2025, el número de reportes recibidos a través del 089 superó las 102 mil llamadas. Tres de cada cuatro correspondieron a intentos de extorsión que no se concretaron gracias a la intervención de los operadores, quienes orientaron a las víctimas y lograron cortar la comunicación con los delincuentes. Es decir, más de 77 mil llamadas quedaron solo en un intento.
Además, cerca de 14 mil 500 ciudadanos llamaron para reportar números telefónicos utilizados con fines extorsivos, lo que ha servido para trazar patrones y ubicar zonas de operación.
A esto se suman más de 10 mil 800 denuncias por extorsiones consumadas, que fueron canalizadas a las fiscalías estatales. De estas investigaciones derivaron 3 mil 684 carpetas de investigación, un avance que, según las autoridades, no sería posible sin la participación ciudadana.
El despliegue de fuerzas federales y estatales también ha dado resultados concretos. En estos meses, se detuvo a 615 personas relacionadas con este delito en 22 estados. Tan solo en operativos recientes en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, se capturó a 19 presuntos responsables y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. En acciones paralelas se realizaron cateos en la zona centro del país, donde cayeron otras 15 personas vinculadas con narcomenudeo y homicidio.
Extorsión desde las cárceles
Un hallazgo importante en esta estrategia es el papel de los centros penitenciarios. Las investigaciones apuntan a que solo 12 penales concentran el 56% de las líneas usadas para extorsionar. Para cortar estas operaciones desde su origen, el Gobierno ha reforzado la instalación de inhibidores de señal, cámaras avanzadas, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y sistemas tecnológicos capaces de detectar comunicaciones irregulares.
El bloqueo de antenas y servicios móviles ya permitió anular el 33% de las líneas detectadas, y para el primer trimestre de 2026 se prevé que todos los reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México tengan este bloqueo total.
García Harfuch subrayó que este esfuerzo no ocurre solo desde los centros de mando. Hay despliegues constantes en Sinaloa y Michoacán, estados donde el delito golpea directamente a productores agrícolas y comerciantes.
En estas regiones se realizan reuniones periódicas con empresarios, agricultores de limón y aguacate y otros sectores económicos para escuchar sus necesidades y ajustar las estrategias de seguridad.
La consigna, dijo, es evaluar cada semana lo que funciona y lo que debe corregirse. El secretario insistió en que, aunque la extorsión sigue siendo un reto mayúsculo, el país está en un punto en el que la coordinación entre autoridades y ciudadanía puede inclinar la balanza. Por ello, pidió mantener las denuncias, seguir usando el 089 y confiar en que cada reporte permite frenar una llamada más y acercar a los responsables a la justicia.
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