Desde el Congreso de Quintana Roo se busca endurecer las sanciones por el delito de incesto, mediante una reforma al Código Penal estatal que plantea elevar la pena de prisión aplicable a quienes incurran en esta conducta.
La iniciativa, impulsada por el diputado Wilbert Batún, propone modificar el primer párrafo del artículo 176 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para establecer penas de tres a siete años de prisión, frente al rango vigente señalado en la propuesta, de uno a seis años.
De acuerdo con el diputado, la modificación no pretende limitarse a incrementar los años de cárcel, sino actualizar la respuesta jurídica del estado frente a una conducta que puede tener repercusiones dentro de toda la estructura familiar.
“Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico de protección de la familia y de las relaciones derivadas del parentesco, mediante la reforma al primer párrafo del artículo 176 del Código Penal”, explicó Wilbert Batún.
La propuesta establece que la pena mínima aumentaría a tres años y la máxima llegaría hasta siete. Con ello, se busca que la sanción refleje de mejor manera la gravedad que el Poder Legislativo atribuye a este delito.
“La propuesta plantea aumentar la sanción privativa de la libertad actualmente prevista de uno a seis años de prisión, para establecer una pena de tres a siete años de prisión, en atención a la gravedad de la conducta y a la necesidad de reforzar la tutela de los bienes jurídicos que resultan afectados por su comisión”, dijo.
De aprobarse, el cambio representaría un incremento de dos años en la pena mínima y de un año en la máxima establecida actualmente.
Incesto afecta los vínculos y estabilidad familiar
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que el delito tiene características particulares debido al entorno en el que ocurre. A diferencia de otras conductas contempladas en el Código Penal, se desarrolla dentro de relaciones familiares en las que existen vínculos de parentesco y responsabilidades específicas.
Batún señaló que la prohibición jurídica del incesto no responde únicamente a consideraciones sociales o culturales, sino también a la necesidad de proteger la estabilidad de las relaciones familiares.
“El delito de incesto ocupa una posición particular dentro del sistema penal debido a que se desarrolla en el ámbito de las relaciones familiares, espacio en el que convergen vínculos de confianza, respeto, solidaridad y protección recíproca”, comentó.
La iniciativa también plantea una revisión de la proporcionalidad de las penas. El diputado explicó que la legislación penal debe evolucionar conforme cambian las necesidades de protección de la sociedad y garantizar que las sanciones correspondan con la gravedad de las conductas.
Desde esta perspectiva, incrementar la pena tendría también una función preventiva y enviaría un mensaje sobre la importancia jurídica que tiene la protección de las relaciones familiares.
“Las sanciones previstas por la ley deben reflejar la importancia de los bienes jurídicos protegidos y contribuir a garantizar que el ordenamiento jurídico conserve su eficacia como instrumento de prevención y protección social.
“La protección de la familia constituye una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado, pues de su adecuada integración depende, en gran medida, la formación de individuos capaces de desarrollarse plenamente dentro de un entorno de respeto, seguridad y convivencia armónica”, explicó Batún.
Por ello, el diputado consideró necesario revisar periódicamente las disposiciones del Código Penal para determinar si las sanciones mantienen correspondencia con los bienes jurídicos que pretenden proteger.
TE PODRÍA INTERESAR