La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en Playacar, Playa del Carmen, este 30 de mayo de 2025, en respuesta a denuncias por daño ambiental que incluyen deforestación y afectación a la fauna silvestre.
Playa del Carmen, Quintana Roo, fue escenario de una importante acción ambiental este 30 de mayo de 2025, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en la exclusiva zona de Playacar. La medida se tomó tras recibir múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre graves afectaciones al ecosistema local.
Las acusaciones contra el predio clausurado incluyen deforestación irregular y la muerte de fauna silvestre, lo que representa una seria violación a las normativas ambientales y un impacto negativo en la biodiversidad de la región. Playacar, conocida por su belleza natural y su desarrollo turístico de alto nivel, es una zona sensible donde la preservación del entorno es crucial.
Esta acción de la Profepa se enmarca en un esfuerzo más amplio de las autoridades para combatir los desarrollos ilegales y las prácticas que atentan contra el medio ambiente en Quintana Roo. El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen Meyer, ha confirmado que se han presentado 12 denuncias penales contra desarrollos irregulares en el estado, con la Fiscalía General del Estado (FGE) actuando en estos casos.
El fenómeno de los fraccionamientos irregulares se extiende por toda la geografía estatal, y no solo implica delitos ambientales, sino también fraudes a compradores de buena fe que adquieren propiedades sin servicios básicos en zonas no regularizables. Muchas de estas construcciones se encuentran en Unidades de Gestión Ambiental (UGA), donde cualquier tipo de urbanización está expresamente prohibida debido a su vocación de conservación o por ser zonas de captación de agua.
«La clausura fue resultado de que residentes locales acusaron a la propiedad de deforestación irregular y de causar la muerte de fauna silvestre», se detalló, evidenciando el impacto directo en el ecosistema.
La Profepa y otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) han impuesto sellos de clausura y han emitido alertas a la ciudadanía sobre los riesgos de invertir en estos desarrollos ilegales. La clausura en Playacar es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y la acción contundente de las autoridades para proteger el patrimonio natural de Quintana Roo.
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