Representantes de colectivos de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua realizaron un encuentro para visibilizar la crisis de desapariciones en México y exigir que el gobierno estatal garantice recursos, búsqueda efectiva y participación de las víctimas en la creación de una Fiscalía Especializada.

Un encuentro para nombrar lo que el Estado no busca

Madres y familiares de personas desaparecidas se reunieron en Chihuahua como parte del Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras 2025, convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). El encuentro concluyó con un mitin frente al antimonumento dedicado a las víctimas, donde se colocaron 19 nuevas placas con nombres de personas desaparecidas.

Con estos añadidos, el memorial suma 311 nombres, que, según las familias, representan “resistencia, amor y denuncia ante la impunidad”.

El acto no fue únicamente simbólico: también fue una forma de exigir al gobierno estatal y al Congreso de Chihuahua que la crisis de desapariciones sea atendida con seriedad, presupuesto y participación directa de las víctimas.

“La búsqueda no es opcional: es responsabilidad del Estado”

Durante el encuentro, las familias destacaron que la construcción de redes entre colectivos ha sido clave para sostener la búsqueda en un país donde, afirman, el Estado ha fallado sistemáticamente.

Los talleres del encuentro abordaron temas como:

• Derechos de las víctimas
• Funcionamiento y limitaciones de las fiscalías estatales
• Herramientas legales para la búsqueda
• Violencia estructural en Chihuahua
• Deficiencias en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada

Aunque el gobierno estatal ha anunciado la creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición, los colectivos advirtieron que no aceptarán una institución meramente formal:

“No queremos una fiscalía que exista solo en el papel. Queremos una institución que busque con nosotras, que escuche, que acompañe y que actúe”.

El caso de Guerrero: una crisis nacional sin respuesta

Mientras Chihuahua vivía este encuentro, en Zihuatanejo, Guerrero, se realizó la cuadragésima tercera Exposición Itinerante de Personas Desaparecidas. Ahí, el colectivo Memoria Verdad y Justicia de Acapulco colocó fotografías de víctimas en lo que llaman “sitios de esperanza”.

La organización recordó que México ha firmado tratados internacionales en materia de desapariciones, entre ellos la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, pero no ha cumplido con su implementación efectiva.

Socorro Gil Guzmán, madre buscadora desde 2018, lo sintetizó así:

“Ha sido necesario acudir a organismos internacionales porque el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de proteger a la población contra la desaparición de personas”.

Gil Guzmán también señaló que México será evaluado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que ofrecerá asistencia técnica al país ante la magnitud de la crisis.

Las cifras que sostienen la exigencia

De acuerdo con los colectivos:

• Hay más de 133 mil personas desaparecidas en México desde 1996
• Existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues, fosas comunes y tráileres forenses
• El sistema de búsqueda enfrenta rezago, falta de personal especializado y recursos mínimos
• No se han creado medidas reales de prevención ni garantías de no repetición

La demanda es clara: búsqueda inmediata, identificación forense, investigación penal y apoyo integral a las familias.

El antimonumento como lugar de memoria activa

En Chihuahua, el antimonumento no es un memorial estático, sino un espacio vivo donde los colectivos añaden nombres, fotografías y placas conforme continúan las desapariciones. Para las familias, cada placa es una forma de romper con la narrativa oficial que reduce el tema a estadísticas.

“Cada nombre grabado nos recuerda que la desaparición no es una cifra, sino una herida abierta”, expresó el Cedehm.

La exigencia de los colectivos no se limita a un estado: la crisis de desapariciones es nacional, estructural y acumulada durante décadas. Las familias buscan algo más que empatía: reclaman cumplimiento legal, instituciones funcionales y reconocimiento político de la emergencia humanitaria.

Mientras la respuesta oficial siga siendo fragmentada, burocrática o simbólica, los colectivos continuarán articulándose, documentando y presionando. Como señalan las madres buscadoras: el Estado puede abandonar la búsqueda; las familias, no.