La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó este lunes sobre la detención de José Isabel “N”, de 39 años, por su probable responsabilidad en hechos relacionados con el delito de trata de personas, registrados en el municipio de Benito Juárez (Cancún).
De acuerdo con el fiscal Raciel López Salazar, la detención fue posible gracias a una denuncia presentada por la Dirección Científica de la Guardia Nacional, derivada de un reporte internacional que alertaba sobre actividades ilícitas en plataformas digitales. “Detectaron, por medio de plataformas digitales, material de producción,almacenamiento, reproducción y distribución de pornografía infantil, tales como videos y fotografías”, indicó.
A partir de esa información, se inició una investigación que permitió localizar al presunto responsable. Las autoridades lograron también identificar a tres víctimas, todas menores de edad, quienes fueron puestas bajo resguardo y atención especializada. La relación entre el detenido y las menores se daba en un contexto de cercanía familiar, lo cual habría facilitado el abuso de confianza.
“Se logró ubicar a las tres víctimas, quienes identificaron a este sujeto como abuelastro, mismo que cometió la violación desde que las adolescentes tenían 12 años de edad y empezó a agredir sexualmente a la niña de 7 años; además, este sujeto las grababa mientras cometía el abuso sexual y les tomaba fotografías cuando dormían, las cuales almacenaba en Google y las intercambiaba en las redes sociales. Cabe referir que el investigado era pareja de la abuela materna de las niñas, quienes tenían la custodia legal de las menores,debido a que la madre biológica tenía problemas de adicción”, añadió el fiscal.
Durante el proceso de investigación, se reunieron elementos suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión, que fue ejecutada el 22 de mayo por elementos de la Policía de Investigación de la FGE. Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control, quien determinó vincularlo a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por un periodo inicial de dos años, mientras se desarrolla la investigación complementaria.
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