Para evitar que niñas, niños y adolescentes con autismo sean rechazados, excluidos o separados de las actividades escolares en Quintana Roo, la diputada de Morena, Jimena Lasa, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado y establecer nuevas obligaciones que garanticen una enseñanza inclusiva y adaptada a las necesidades de cada estudiante.
La propuesta busca reconocer legalmente la neurodiversidad, fortalecer las medidas contra la segregación escolar y establecer mecanismos de acompañamiento psicológico para alumnos que enfrenten situaciones de discriminación o exclusión dentro de los planteles educativos.
También contempla la capacitación de docentes y personal educativo, así como la implementación de ajustes razonables en las instalaciones, materiales y métodos de enseñanza, con el propósito de evitar que las diferencias en el aprendizaje se conviertan en obstáculos para continuar estudiando.
La iniciativa retoma una propuesta presentada originalmente por Atenea Romero Trujillo durante el Sexto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, con la intención de transformar sus planteamientos en disposiciones dentro de la legislación estatal.
Este planteamiento se suma a otras propuestas legislativas en la entidad, como la reforma para garantizar una educación inclusiva a estudiantes con discapacidad, presentada anteriormente ante el Congreso estatal.
¿Por qué buscan evitar el rechazo de alumnos con autismo?
Uno de los principales problemas que pretende atender la iniciativa es la existencia de barreras que dificultan el acceso y la permanencia de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones neurodivergentes dentro del sistema educativo.
De acuerdo con los datos citados en la exposición de motivos, se estima que uno de cada 115 niñas y niños en México vive con autismo, una condición del neurodesarrollo que puede influir en la comunicación, la interacción social y la manera de procesar información y estímulos.
Sin embargo, estas diferencias no deben convertirse en motivos para negar una inscripción, separar a un estudiante de sus compañeros o limitar su participación en las actividades escolares.
Para la diputada Jimena Lasa, uno de los principales desafíos es evitar que las necesidades particulares de los estudiantes sean utilizadas como justificación para excluirlos de los espacios educativos.
“No podemos seguir permitiendo que una niña o un niño sea rechazado de una escuela simplemente porque tiene autismo o porque necesita una forma distinta de aprender. La educación es un derecho, no un privilegio que dependa de las condiciones de cada estudiante.
“Lo que buscamos con esta iniciativa es que las escuelas cuenten con herramientas para atender la neurodiversidad y que ninguna familia tenga que enfrentarse a la exclusión de sus hijos por falta de preparación o sensibilidad dentro del sistema educativo”, señaló.
La legisladora considera que el reconocimiento de la neurodiversidad debe traducirse en medidas concretas que permitan prevenir situaciones de discriminación y garantizar que los estudiantes puedan desarrollarse en condiciones de igualdad.
¿Cómo tendrían que adaptarse las escuelas de Quintana Roo?
Uno de los pilares de la iniciativa es el reconocimiento de la neurodiversidad, concepto que contempla las distintas formas en que las personas aprenden, se comunican, interactúan y procesan la información.
La propuesta plantea incorporar los principios de accesibilidad universal y ajustes razonables, con el propósito de que los espacios educativos respondan a las necesidades de estudiantes con diferentes características de aprendizaje.
Esto podría traducirse en materiales adaptados, estrategias de enseñanza flexibles, adecuaciones en las actividades escolares y espacios que consideren las necesidades sensoriales de algunos alumnos.
De acuerdo con Jimena Lasa, el objetivo es modificar la manera en que las instituciones educativas atienden las diferencias entre sus estudiantes, evitando que toda la responsabilidad de adaptación recaiga en quienes necesitan apoyos específicos.
“Durante mucho tiempo hemos esperado que sean los estudiantes quienes se adapten a un sistema educativo que funciona de una sola manera. Lo que estamos planteando es cambiar esa visión.
“Si un alumno necesita una estrategia distinta para comprender una clase, comunicarse o participar en una actividad, la escuela debe tener la capacidad de ofrecerle esas herramientas”, comentó.
Con ello, se pretende que el reconocimiento de la neurodiversidad no quede únicamente como un principio general, sino que tenga efectos concretos en la organización y funcionamiento de los planteles.
El derecho a recibir una educación inclusiva también está contemplado en la Ley General de Educación, que establece disposiciones para eliminar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación de estudiantes con discapacidad.
Capacitación docente, una de las prioridades de la reforma
Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la preparación de los docentes, debido a que la atención de estudiantes neurodivergentes requiere conocimientos y herramientas que no siempre forman parte de la capacitación habitual del personal educativo.
La iniciativa contempla modificaciones al artículo 84 de la Ley de Educación de Quintana Roo, para fortalecer la formación de los maestros en materia de neurodiversidad, derechos humanos y perspectiva de género.
Esto permitiría que los docentes cuenten con mayores herramientas para identificar situaciones de exclusión, comprender las necesidades de sus estudiantes y desarrollar estrategias de enseñanza que favorezcan su participación dentro del aula.
La capacitación también buscaría mejorar la convivencia escolar y prevenir prácticas que puedan afectar el bienestar emocional y el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes.
Esta necesidad de preparación ya había sido planteada en el Congreso estatal mediante una iniciativa para capacitar a docentes en la identificación y prevención de problemas de salud mental entre alumnos, con el objetivo de fortalecer la atención dentro de los planteles educativos.
Además, la propuesta de Jimena Lasa contempla el acompañamiento psicológico para estudiantes que enfrenten situaciones de discriminación, rechazo o exclusión, con el propósito de brindarles atención y apoyo dentro del entorno escolar.
¿Qué medidas proponen contra la segregación escolar?
La iniciativa también busca fortalecer las disposiciones contra la segregación escolar, para evitar que estudiantes con autismo sean separados de las actividades académicas o reciban un trato desigual debido a sus necesidades de aprendizaje.
Estas prácticas pueden presentarse cuando un alumno es excluido de determinadas actividades, recibe restricciones injustificadas para participar en clase o enfrenta obstáculos para continuar sus estudios debido a su condición.
Por ello, la reforma pretende establecer obligaciones más claras para que las instituciones educativas identifiquen y atiendan situaciones de discriminación.
“Lo que queremos es que estas prácticas se reconozcan y se atiendan, porque ningún estudiante debe ser apartado de su derecho a aprender por vivir con autismo o por tener una condición neurodivergente”, comentó la diputada.
La propuesta busca que las escuelas adopten medidas preventivas y mecanismos de atención que permitan proteger los derechos de los estudiantes, sin que sus diferencias en la comunicación o el aprendizaje representen un motivo de exclusión.
En materia de atención emocional, también se ha planteado incorporar psicólogos de planta en las escuelas de educación básica de Quintana Roo, como parte de las propuestas para mejorar el acompañamiento a estudiantes dentro de las instituciones educativas.
¿Cuándo podría entrar en vigor la reforma educativa?
La iniciativa presentada por Jimena Lasa todavía deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Quintana Roo, donde se analizarán las modificaciones propuestas a la Ley de Educación del Estado.
En caso de aprobarse, las autoridades educativas tendrían que desarrollar las medidas necesarias para fortalecer la capacitación docente, promover ajustes razonables y atender situaciones de discriminación contra estudiantes neurodivergentes.
La aplicación de estas disposiciones dependería del contenido definitivo de la reforma y de los mecanismos que se establezcan para su implementación.
Por ahora, la propuesta busca sentar las bases legales para que la inclusión educativa de estudiantes con autismo deje de depender únicamente de la preparación o disposición de cada escuela y se convierta en una responsabilidad del sistema educativo estatal.
Con ello, se pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder, permanecer y desarrollarse dentro de las instituciones educativas de Quintana Roo sin enfrentar discriminación por sus condiciones de aprendizaje.
