En un complejo entramado de poder, influencia y amenazas, el estado de Sinaloa se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa. La periodista Anabel Hernández reveló en su podcast Narcosistema que algunos alcaldes y autoridades locales habrían recibido amenazas de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como Los Chapitos, debido a sus presuntos vínculos con el veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada. Este episodio no solo revela el nivel de la disputa, sino que también destapa el grado de influencia que el narcotráfico sigue teniendo en la política regional.
La amenaza que enfrentan los alcaldes de Sinaloa
La situación se hizo pública cuando Anabel Hernández reportó que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos, presuntamente interceptaron y amenazaron a varios funcionarios locales. Uno de los casos más destacados fue el de Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán, quien el pasado 7 de octubre fue interceptada por un grupo armado en la autopista Mazatlán–Culiacán. Aunque la alcaldesa aseguró en redes sociales estar bien y agradeció el apoyo de la ciudadanía, fuentes citadas por Hernández sostienen que el incidente fue una advertencia directa de Los Chapitos, quienes le enviaron un mensaje claro: “Dile a todos que el que no esté con nosotros lo vamos a matar”.
La creciente influencia del Cártel en la política sinaloense
En el estado de Sinaloa, la estructura del poder y la política parecen estar inextricablemente ligadas al narcotráfico. Palacios Domínguez, primera mujer en gobernar Mazatlán y exreina de belleza, ha negado cualquier relación con el narcotráfico. Sin embargo, la periodista Hernández afirma que su llegada al poder fue apoyada por operadores vinculados a El Mayo Zambada, a través de figuras influyentes como su padre, quien ha tenido un rol fundamental en la política local. La situación de la alcaldesa es un reflejo de una tendencia generalizada en el estado, donde las lealtades políticas son a menudo comprometidas en medio de la guerra de poder entre Los Chapitos y El Mayo.
Octavio Bastidas Manjarréz: otro funcionario bajo amenaza
Otro político amenazado por Los Chapitos es Octavio Bastidas Manjarréz, alcalde de San Ignacio. Al igual que Palacios, Bastidas fue despojado de su vehículo en circunstancias similares. Este funcionario también estaría vinculado con personas cercanas a El Mayo, lo cual lo convierte en un blanco de interés para Los Chapitos. René Bastidas, familiar del alcalde, es considerado uno de los operadores principales de El Mayo en la región y está vinculado a la exalcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina.
Las implicaciones para la política y la seguridad de Sinaloa
Este tipo de amenazas y represalias no se limitan a las autoridades municipales. Anabel Hernández menciona que la estrategia de intimidación también se ha extendido a otros funcionarios, incluyendo diputados locales que, según la periodista, deben sus cargos a su lealtad hacia El Mayo. La influencia del narcotráfico en la política local representa una gran amenaza para la estabilidad de las instituciones en Sinaloa, y pone de manifiesto los retos que enfrenta el estado para lograr un ambiente seguro y controlado.
La guerra interna del Cártel de Sinaloa y sus consecuencias
La escalada de violencia y tensión entre Los Chapitos y los aliados de El Mayo Zambada se debe a una ruptura interna en el Cártel de Sinaloa, exacerbada tras el arresto y entrega de El Mayo a las autoridades estadounidenses. Hasta octubre de este año, esta guerra interna ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en todo el estado, especialmente en Culiacán y Mazatlán. Algunos de los políticos vinculados con El Mayo también han sido víctimas de esta lucha. La muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda y Faustino Hernández son ejemplos de cómo esta disputa alcanza a figuras políticas.
¿Hacia dónde se dirige Sinaloa?
Con una disputa tan compleja y profunda enraizada en el narcotráfico y la política, el panorama para Sinaloa es alarmante. Las autoridades estatales y nacionales tienen el desafío de salvaguardar la integridad de los funcionarios y reducir la influencia del narcotráfico en la vida pública. Este caso es un recordatorio de que, aunque existen esfuerzos en México para combatir al crimen organizado, el vínculo entre el narcotráfico y las estructuras de poder sigue siendo una realidad en muchas zonas del país.
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