El Senado de la República, con el aval de 19 Congresos estatales, aprobó una reforma que elimina siete organismos constitucionales autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este proceso, llevado a cabo en tiempo récord, dejó a más de 3,500 trabajadores en la incertidumbre y generó preocupación sobre los efectos en el ejercicio de derechos fundamentales.
Las voces de organismos internacionales como la ONU y la Unesco, junto con organizaciones civiles y empresariales, no lograron frenar el avance de una reforma que modifica profundamente el acceso a la información y la transparencia en México.
¿Quién vigilará ahora la transparencia?
La reforma establece que serán los propios sujetos obligados, a través de sus órganos de vigilancia, quienes garantizarán los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Sin embargo, este cambio centraliza el control en el poder ejecutivo y plantea dudas sobre la independencia y efectividad de los nuevos mecanismos.
Cambios clave:
- Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno: Supervisará la apertura de las dependencias del poder ejecutivo.
- Contralorías internas: Encargadas de las obligaciones de transparencia de órganos autónomos sobrevivientes.
- Tribunal de disciplina judicial: Controlará el acceso a la información del Poder Judicial, con jueces electos por voto popular.
- INE: Administrará la vigilancia de los partidos políticos.
¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia?
La desaparición del INAI deja en el aire el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga más de 15 mil millones de registros. Tampoco se ha definido quién garantizará el acceso a esta base de datos ni si se mantendrán las mismas obligaciones de apertura.
Precedentes preocupantes:
- Según el informe de Signos Vitales, plataformas como las de Pemex y CFE carecen de información completa sobre contratos y licitaciones.
- En la segunda mitad de 2023, desaparecieron documentos históricos de Compranet, eliminando pruebas de 1.9 millones de contratos públicos.
Estos antecedentes plantean un panorama alarmante sobre el destino de la información pública en México.
La imposición centralista y sus riesgos
La reforma también obliga a las entidades federativas a transferir las funciones de sus órganos de transparencia a las contralorías locales. Aunque la reforma de 2014 introdujo un modelo nacional de apertura basado en derechos progresivos, esta nueva estructura centralista podría diluir los estándares alcanzados.
Un error significativo fue la omisión del Artículo 122 de la Constitución, que regula la Ciudad de México. Esto podría dar pie a un sistema de transparencia diferenciado en la capital, aunque la aprobación de la reforma por parte del Congreso local pone en duda tal posibilidad.
¿Qué sigue para la transparencia en México?
La desaparición del INAI y otros organismos plantea más preguntas que respuestas:
- ¿Cómo se garantizarán los derechos de acceso a la información en ausencia de organismos autónomos?
- ¿Quién será responsable de resolver quejas por falta de transparencia?
- ¿Se respetarán los estándares de apertura alcanzados en los últimos años?
La prisa con la que se aprobó esta reforma podría comprometer no solo la implementación de las leyes secundarias necesarias, sino también el ejercicio de derechos fundamentales.
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