La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el desarrollo inmobiliario Macondo Playacar, en Playa del Carmen, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura por presuntas irregularidades ambientales relacionadas con la remoción de manglar y vegetación nativa.
El operativo se realizó durante la tarde del jueves 8 de octubre en la zona de Playacar, donde autoridades federales ejecutaron una orden de cateo como parte de una investigación por posibles delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
La intervención ocurre después de que el proyecto recibiera una suspensión definitiva por parte de un juez federal, que ordenó detener los trabajos de construcción mientras continúa el procedimiento legal.
¿Por qué clausuraron el desarrollo Macondo Playacar?
De acuerdo con la información sobre el operativo, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Profepa ante la FGR, por presuntas conductas relacionadas con delitos ambientales contemplados en el artículo 418 del Código Penal Federal.
Las irregularidades señaladas incluyen la remoción de manglar y vegetación nativa dentro de un ecosistema costero, presuntamente sin contar con la Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) ni la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) federal.
Ambos procedimientos son relevantes para evaluar y autorizar determinadas actividades que pueden afectar terrenos forestales y ecosistemas sujetos a protección ambiental.
Sin embargo, los hechos investigados todavía deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes, por lo que el aseguramiento del predio no constituye por sí mismo una sentencia sobre la responsabilidad de los involucrados.
FGR realiza cateo y asegura maquinaria en Playacar
El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la subsede de Playa del Carmen, acompañados por inspectores de la Profepa.
Durante la diligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad para permitir los trabajos ministeriales.
Como resultado, las autoridades aseguraron maquinaria, carpetas con documentación y el predio donde se desarrolla Macondo Playacar, como parte de las investigaciones.
La intervención se suma a otras clausuras de desarrollos inmobiliarios en Quintana Roo por presuntas afectaciones ambientales, donde las autoridades han intervenido por daños a ecosistemas de manglar.
¿Qué pasará con el proyecto inmobiliario Macondo Playacar?
El desarrollo contempla la construcción de 80 departamentos distribuidos en cinco niveles, dentro de la zona de Playacar, uno de los principales sectores turísticos y residenciales de Playa del Carmen.
A principios de esta semana, el Juzgado Cuarto de Distrito concedió una suspensión definitiva para detener los trabajos de edificación del complejo, medida que se suma a las acciones administrativas y ministeriales.
Con el nuevo operativo, Macondo Playacar acumula sellos de clausura de autoridades municipales, estatales y federales, mientras continúa la investigación sobre las presuntas irregularidades ambientales.
En Quintana Roo, la Profepa ya había intervenido en otros proyectos turísticos por situaciones similares. Uno de los casos fue la clausura de obras del proyecto Perfect Day Mahahual, donde se documentaron trabajos en una zona de vegetación costera con presencia de manglar sin autorización de impacto ambiental.
Clausuras ambientales ponen bajo vigilancia a desarrollos de Quintana Roo
La intervención en Macondo Playacar ocurre en un contexto de vigilancia sobre la expansión inmobiliaria y sus posibles efectos en los ecosistemas costeros del Caribe mexicano.
Durante 2026, la Profepa realizó inspecciones y clausuras en ecosistemas costeros de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, con acciones enfocadas en detectar afectaciones a manglares, humedales y zonas federales.
En el caso de Macondo Playacar, el aseguramiento y la clausura representan nuevas medidas para impedir la continuación de las obras mientras las autoridades investigan los hechos denunciados.
Por ahora, no se ha informado una fecha para la reanudación de los trabajos ni una resolución definitiva sobre las posibles responsabilidades ambientales relacionadas con el proyecto.
