El 2024 comenzó con la esperanza de celebrar el décimo aniversario de las reformas constitucionales que en 2014 fortalecieron el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En cambio, ha terminado siendo el año que marcó el fin de los organismos autónomos responsables de garantizar estos derechos, incluidos el INAI y sus equivalentes estatales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero una serie de reformas constitucionales que buscaban, entre otras cosas, la extinción de organismos autónomos. Entre ellos, el INAI quedó en el centro de la polémica. Las proyecciones eran claras: si Morena y sus aliados lograban mayoría calificada, estas reformas pasarían rápidamente. Así ocurrió.
Reformas constitucionales: un proceso acelerado y controvertido
La aprobación de estas reformas fue una de las más rápidas en la historia reciente. En noviembre, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron la reforma de simplificación orgánica, que incluyó la eliminación de organismos como el INAI. A pesar de las críticas, 21 congresos estatales dieron su respaldo, permitiendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre.
¿Quién garantizará ahora la transparencia?
La principal preocupación es que las funciones del INAI y los organismos de transparencia sean asumidas por entidades gubernamentales dependientes del Ejecutivo. Esto plantea varios riesgos:
- Falta de independencia: Las instituciones gubernamentales no tienen las garantías de imparcialidad que ofrecían los organismos autónomos.
- Erosión del acceso a la información: La Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta clave, ahora enfrenta incertidumbre sobre su operación y mantenimiento.
- Riesgos para los derechos de protección de datos personales: Sin un ente especializado, la supervisión efectiva de estos derechos se diluye.
Voces en contra: un llamado a proteger los avances logrados
Desde organizaciones de la sociedad civil hasta expertos en transparencia, las críticas no han cesado. Se argumenta que esta reforma representa un retroceso de más de dos décadas en la construcción de instituciones que protegían el derecho a saber.
Durante el proceso legislativo, muchas voces reclamaron que no se tomaron en cuenta las preocupaciones ciudadanas ni las propuestas de mejora. Ahora, el Congreso tiene 90 días para elaborar leyes secundarias que definan el futuro de la transparencia en México.
¿Qué dice Claudia Sheinbaum?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado en varias ocasiones que su administración busca garantizar «mejores tiempos para la transparencia». Sin embargo, el vacío institucional dejado por estas reformas genera dudas entre ciudadanos y expertos.
Aunque el discurso oficial apunta a una renovación y simplificación de los procesos, la falta de claridad sobre el diseño y la operación de los nuevos mecanismos genera más preguntas que respuestas.
El futuro de la transparencia en México
Este 2024 no será recordado por el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, sino por su debilitamiento. En un contexto de incertidumbre, las leyes secundarias que se diseñen en los próximos meses serán cruciales para definir si la transparencia sobrevive en México o si se convierte en una ilusión del pasado.
Para los ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos, la exigencia es clara: asegurar que el derecho a saber siga siendo un pilar de la democracia mexicana.
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