La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves una nueva iniciativa de reforma electoral, a la que llamó “Plan B”, luego de que su propuesta principal fuera rechazada un día antes en la Cámara de Diputados. El nuevo planteamiento mantiene la misma lógica central: reducir gastos excesivos dentro de las instituciones políticas y destinar esos recursos a necesidades básicas de los municipios.
De acuerdo con la mandataria, la reforma busca tres objetivos principales: establecer límites al gasto de los congresos locales y del Senado, ampliar la participación ciudadana en consultas públicas y permitir que la revocación de mandato presidencial pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno. Con estos cambios, el gobierno calcula que podrían ahorrarse alrededor de 4 mil millones de pesos al año.
Ese dinero, aseguró Sheinbaum, no se concentraría en el gobierno federal, sino que permanecería en los estados y municipios para financiar obras públicas, como reparación de calles, drenaje, alumbrado o infraestructura básica.
El rechazo legislativo
La propuesta surge luego de que la reforma electoral impulsada por el gobierno federal no lograra el respaldo necesario en el Congreso. En la votación realizada en la Cámara de Diputados, solo legisladores de Morena, 12 del Partido Verde y un diputado del Partido del Trabajo apoyaron la iniciativa.
Partidos como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, lo que impidió alcanzar la mayoría requerida para modificar la Constitución.
Para la presidenta, la votación dejó en evidencia una diferencia de visiones sobre el uso de los recursos públicos. Según su postura, una parte del sistema político mexicano mantiene gastos que la ciudadanía considera excesivos, especialmente en partidos políticos, instituciones electorales y órganos legislativos.
“Todavía quedan áreas en México de privilegios”, dijo Sheinbaum al explicar el sentido de su nueva propuesta.
Será enviado el lunes
Más allá de los cambios específicos, la presidenta defendió el Plan B como parte de una visión más amplia de transformación política. Sostuvo que el objetivo del movimiento político que representa ha sido reducir los privilegios dentro del sistema político mexicano y destinar más recursos a programas sociales y obras públicas.
“Si algo ha demostrado la transformación es que acabar con los privilegios da resultados”, afirmó.
Desde su perspectiva, el debate sobre la reforma electoral no se limita a un asunto técnico, sino que refleja diferencias profundas sobre el modelo de administración de los recursos públicos.
La iniciativa será enviada formalmente el lunes al Congreso, donde iniciará su discusión legislativa. La presidenta reconoció que el resultado de la votación no está asegurado, pero afirmó que su gobierno considera importante continuar impulsando cambios en el sistema político.
“Si no pasa, tampoco pasa nada”, dijo la mandataria, al señalar que su administración seguirá promoviendo medidas para reducir gastos dentro del aparato político.
1. REDUCIR EL COSTO DE LOS CONGRESOS LOCALES Y EL SENADO
Uno de los ejes centrales del Plan B consiste en establecer límites al gasto de los congresos estatales.
La presidenta Sheinbaum mostró ejemplos que, a su juicio, reflejan diferencias difíciles de justificar entre los presupuestos legislativos de distintos estados.
Por ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por legislador ronda los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de alrededor de 5.1 millones, a pesar de que ambos estados tienen el mismo número de diputados locales.
En Morelos, otro caso citado, el costo anual por legislador supera los 31 millones de pesos, una cifra que, según el gobierno federal, resulta difícil de explicar en un estado con importantes carencias sociales.
La propuesta plantea que el gasto de los congresos locales tenga un límite máximo definido por criterios como la población o el presupuesto estatal, con el fin de evitar grandes diferencias entre entidades.
Sheinbaum aclaró que estos recursos no corresponden únicamente al salario de los diputados, ya que también cubren el funcionamiento de los edificios legislativos, el pago de trabajadores y otros gastos administrativos. Sin embargo, sostuvo que el objetivo es evitar estructuras legislativas que, en su opinión, se han vuelto demasiado costosas para el país.
La reforma también plantea revisar el presupuesto del Senado de la República, que según el gobierno federal tiene un gasto mayor por legislador en comparación con la Cámara de Diputados. Aunque la Cámara baja podría eventualmente formar parte de las modificaciones, la presidenta explicó que el gasto por diputado federal se encuentra más cercano al promedio nacional, mientras que el Senado registra costos considerablemente más alto.
2. DISMINUIR PRIVILEGIOS EN AYUNTAMIENTOS
Otro punto relevante de la iniciativa se enfoca en el número de regidores dentro de los ayuntamientos. De acuerdo con la explicación de la presidenta, algunos municipios cuentan con cabildos demasiado amplios, resultado de acuerdos políticos que con el tiempo incrementaron el número de cargos.
Como ejemplo, mencionó que Acapulco tiene 20 regidores, Monterrey cuenta con 28 y Puebla tiene 23. La propuesta plantea reducir el número de regidores y síndicos, estableciendo límites que dependan del tamaño de cada municipio.
La lógica detrás de esta medida es que una estructura municipal más pequeña permitiría liberar recursos que podrían destinarse directamente a obras públicas. Sheinbaum dijo que si un municipio redujera su número de regidores, los recursos que hoy se destinan a salarios, bonos o apoyos podrían utilizarse para pavimentación, drenaje o alumbrado público.
Ahorro multimillonario
De acuerdo con el cálculo presentado por el gobierno federal, la reducción de gastos en congresos locales, Senado y estructuras municipales podría generar un ahorro anual cercano a los 4 mil millones de pesos. Ese dinero, insistió la presidenta, no sería transferido al gobierno federal, sino que permanecería en los propios estados y municipios.
El objetivo, explicó, es que los recursos se utilicen en proyectos que tengan impacto directo en la vida cotidiana de la población.
Entre los posibles destinos mencionó obras de infraestructura municipal, mantenimiento de calles, ampliación de redes de agua potable, drenaje y alumbrado público.
3. FORTALECER LA CONSULTA POPULAR
El tercer eje del Plan B busca ampliar la participación ciudadana en las consultas populares. Actualmente, algunos temas no pueden ser sometidos a consulta pública, entre ellos diversos asuntos relacionados con el sistema electoral.
La propuesta del gobierno plantea permitir que ciertos temas electorales puedan ser consultados directamente a la ciudadanía.
Un ejemplo mencionado por la presidenta es la posibilidad de preguntar a la población sobre los montos de financiamiento público que reciben los partidos políticos. Según Sheinbaum, la intención es que decisiones relevantes sobre la vida política del país puedan ser tomadas con mayor participación ciudadana. No obstante, también reconoció que habrá asuntos que seguirán fuera de este mecanismo, particularmente aquellos que afectan directamente la estructura constitucional del Estado.
Cambios a la revocación de mandato
El Plan B plantea modificar el mecanismo de revocación de mandato presidencial. Actualmente, la Constitución establece que este proceso solo puede realizarse en el cuarto año del gobierno en turno.
La propuesta del Plan B busca ampliar ese margen para que pueda convocarse tanto en el tercer como en el cuarto año del mandato presidencial. Según el gobierno, esto permitiría que la ciudadanía tenga una herramienta más flexible para evaluar el desempeño de un presidente en funciones.
La revocación de mandato, como ocurre hoy, seguiría dependiendo de la solicitud de la ciudadanía y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
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