Desde junio pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, implementó una serie de restricciones migratorias que impiden la emisión de visas para ciudadanos de diversos países. Esta medida, impulsada bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, fue oficializada mediante una proclamación presidencial que limita severamente el ingreso de personas consideradas “de riesgo”.
El Departamento de Estado informó que la prohibición aplica tanto para visas de migrante como de no migrante, es decir, afecta tanto a quienes buscan mudarse de forma permanente como a quienes desean viajar por motivos turísticos, laborales o académicos. La política migratoria ha sido una de las prioridades del actual gobierno, que ha endurecido los requisitos de ingreso desde el inicio del mandato de Trump.
¿Qué países están afectados por la prohibición?
Aunque la lista completa de países ha sido manejada con cierta reserva, se sabe que incluye a naciones señaladas por el gobierno estadounidense como problemáticas en términos de seguridad, cooperación con las agencias de inteligencia o con sistemas de verificación de identidad. Entre los casos más mencionados se encuentran Irán, Siria, Libia, Yemen y Somalia, aunque hay más naciones bajo revisión o con restricciones parciales.
Las únicas excepciones que se contemplan para ciudadanos de estos países incluyen visas diplomáticas y oficiales, así como permisos muy específicos: familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, menores en procesos de adopción por ciudadanos de EE. UU., personas perseguidas por motivos religiosos o étnicos (principalmente en Irán), empleados del gobierno estadounidense con visas especiales (SIV), y residentes permanentes legales.
La proclamación presidencial ha generado múltiples críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que castiga a poblaciones enteras por situaciones políticas o de seguridad que no están en sus manos. Sin embargo, la administración Trump ha defendido la medida como una estrategia necesaria para proteger a Estados Unidos de amenazas externas.
En este contexto, quienes viven en los países señalados enfrentan ahora un panorama complejo y, en la mayoría de los casos, una imposibilidad total para viajar a territorio estadounidense.


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