La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó este lunes 20 de octubre que las autoridades federales han detenido a casi medio millón de migrantes en lo que va del año.
El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa celebrada en Sarasota, Florida, donde destacó las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad fronteriza.
De acuerdo con Noem, en poco más de 270 días las fuerzas del orden, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han arrestado a más de 480,000 migrantes, cifra que representa uno de los mayores operativos migratorios en la historia reciente de Estados Unidos.
“Este es un esfuerzo sin precedentes de la Administración Trump para arrestar a los peores delincuentes extranjeros indocumentados”, declaró Noem ante medios nacionales.
Migrantes detenidos en Estados Unidos serán llevados ante la justicia
Durante su intervención, la secretaria Noem aseguró que los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales serán procesados legalmente.
“Los criminales arrestados por el DHS, incluidos aquellos con condenas por asesinato, agresión sexual, actos lascivos contra menores y violencia doméstica, no solo han sido encarcelados, sino que serán llevados ante la justicia y pagarán por los crímenes que han cometido”, afirmó la funcionaria.
Noem subrayó que el objetivo del gobierno es proteger a las comunidades estadounidenses de quienes calificó como “inmigrantes ilegales criminales”.
“No permitiremos que inmigrantes ilegales criminales aterroricen a los ciudadanos estadounidenses por más tiempo”, sentenció.
Política migratoria más estricta
La cifra presentada por Kristi Noem forma parte del nuevo enfoque de control migratorio del gobierno de Donald Trump, que desde su regreso al poder ha endurecido las políticas contra el ingreso y permanencia de personas sin documentos en territorio estadounidense.
Entre las medidas más recientes destacan el incremento de deportaciones, la ampliación de centros de detención migratoria, y la imposición de una tarifa de mil dólares a los beneficiarios del programa “Parole Humanitario”, anunciada semanas atrás por el Departamento de Seguridad Nacional.
La administración ha defendido estas acciones bajo el argumento de que buscan “restablecer la ley y el orden” en la frontera sur, mientras que diversas organizaciones de derechos humanos han criticado las políticas por considerarlas discriminatorias y desproporcionadas.
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