La reciente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha generado alerta entre abogados y especialistas en derecho. Según la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), la normativa restringe la figura de la suspensión, tanto provisional como definitiva, al imponer requisitos más estrictos que dificultan su obtención y reducen las posibilidades de defensa para los ciudadanos.
“En dichas modificaciones se observan cambios importantes en materia de suspensión, particularmente relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera y la prisión preventiva oficiosa”, señalaron los expertos.
Retroactividad y derechos adquiridos
Uno de los puntos más controversiales de la ley es su aplicación retroactiva, establecida en el artículo tercero transitorio del decreto. La BMA considera que esto vulnera derechos adquiridos y parte de una premisa inconstitucional, generando un escenario donde los ciudadanos podrían ver comprometida su defensa legal frente a actos previos a la publicación de la norma.
“La retroactividad de la ley puede poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales de las personas, y va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos”, advirtieron los especialistas.
Riesgos y recomendaciones de los abogados
La BMA advirtió sobre los riesgos que implica la reforma y subrayó que ninguna iniciativa legal debería restringir la esfera de protección de los derechos humanos.
Los abogados exhortaron a las autoridades mexicanas a:
- Abandonar estructuras y prácticas incompatibles con los derechos humanos.
- Emprender reformas institucionales necesarias.
- Establecer mecanismos integrales para prevenir violaciones a la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Estas medidas, indicaron, son esenciales para asegurar que la ley cumpla con su objetivo de justicia sin limitar las garantías de los ciudadanos.
Participación académica y social
Consciente de la trascendencia de la reforma, la BMA llevó a cabo eventos académicos, conversatorios, estudios y entrevistas con legisladores y sociedad en general. El propósito: informar, analizar y proponer modificaciones que favorezcan a los ciudadanos y fortalezcan la defensa legal.
“Es fundamental que la ley no solo se enfoque en el control de la justicia, sino que también proteja los derechos individuales y colectivos de la población”, afirmaron los expertos.
Impacto en el sistema judicial mexicano
El cambio en la Ley de Amparo refleja un giro hacia la mayor regulación de la suspensión, afectando casos que antes podrían haberse resuelto con medidas cautelares más flexibles. Abogados y ciudadanos están atentos a los primeros fallos judiciales que interpreten estas nuevas restricciones, ya que marcarán un precedente importante en la protección de derechos humanos en México.
El desafío será equilibrar la seguridad del Estado y la protección de los derechos individuales, garantizando que la justicia no se convierta en un mecanismo limitante de la defensa legal.
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