Julio Iglesias vuelve al centro de la conversación pública luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidiera archivar una denuncia en su contra por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas. El caso no avanzará en los tribunales españoles por falta de jurisdicción, al haberse producido los hechos fuera del territorio nacional.
La decisión cierra la puerta a una investigación judicial en España, aunque no elimina la controversia que rodea las acusaciones. El archivo, sustentado en criterios técnicos de competencia territorial, pone fin a una querella que había generado un intenso debate social y mediático.
El archivo judicial que frena la investigación en España
Según la resolución de la Fiscalía, no concurren los requisitos legales para que los tribunales españoles conozcan de los hechos denunciados. Se determinó que no existe territorialidad, ni se cumplen los principios de personalidad activa, ni hay conexiones materiales exigidas por la ley para ejercer jurisdicción universal.
Las autoridades subrayaron que los hechos ocurrieron fuera de España y que no hay impedimentos para que las instituciones de República Dominicana y Bahamas investiguen lo sucedido. Por ello, el Ministerio Público decidió archivar las diligencias de investigación.
Desde la defensa de Julio Iglesias se había insistido desde el inicio en esta falta de competencia territorial. Su abogado, José Antonio Choclán, presentó alegaciones advirtiendo que la causa debía archivarse por no existir base legal para abrir una investigación preprocesal en territorio español.
Las acusaciones y los testimonios de las denunciantes
Las denunciantes sostienen que fueron presionadas para mantener encuentros sexuales en 2021, en República Dominicana y Bahamas. En sus testimonios relatan presuntas penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.
Una de las mujeres afirmó haber sido llamada repetidamente a la habitación del artista tras terminar su jornada laboral. En su testimonio, relató sentirse utilizada, humillada y sometida a una relación sexual no consentida, en ocasiones con la participación de otra empleada con rango jerárquico superior.
La investigación periodística que destapó el caso reconstruyó una presunta dinámica de abuso de poder, aislamiento de mujeres y jerarquías laborales dentro del entorno doméstico del cantante.
La estrategia mediática de defensa
Antes de conocerse la decisión de la Fiscalía, el artista emprendió una ofensiva mediática. En ese contexto, Julio Iglesias filtró supuestos mensajes privados intercambiados con las denunciantes, en los que, según su versión, ellas se mostraban agradecidas y afectuosas tras los encuentros.
De acuerdo con su equipo legal, esos mensajes fueron enviados después de los hechos que ellas describen como agresiones. Para la defensa, este material respaldaba su narrativa y debilitaba la credibilidad de las acusaciones contra Julio Iglesias.
El entorno del cantante sostuvo que las versiones publicadas estaban sacadas de contexto y que respondían a una campaña de descrédito basada en interpretaciones interesadas.
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Jurisdicción universal y límites legales
La Fiscalía basó su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la jurisdicción universal está limitada por el principio de subsidiariedad. Esto implica que España no debe investigar hechos ocurridos en otros países cuando esos Estados tienen competencia clara y efectiva.
En su resolución, el Ministerio Público recordó que no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando existen autoridades nacionales con capacidad legal para actuar. Por ello, el archivo deja fuera del alcance judicial español a Julio Iglesias en este caso concreto.
Las autoridades señalaron que, si las denunciantes lo deciden, podrían presentar querellas formales en República Dominicana o Bahamas, donde presuntamente ocurrieron los hechos. Hasta ahora, no se han registrado denuncias en esos países.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos
Organizaciones que acompañaron a las denunciantes, como Woman’s Link y Amnistía Internacional, calificaron la decisión de la Fiscalía como lamentable. En sus comunicados señalaron que se pierde una oportunidad para investigar los hechos y considerar toda la evidencia disponible.
Para estos colectivos, el archivo deja en evidencia las limitaciones estructurales de la justicia internacional para abordar denuncias transnacionales que involucran a figuras públicas como Julio Iglesias.
Las organizaciones insistieron en que la ausencia de jurisdicción no debe interpretarse como una negación de los hechos denunciados.
El contexto personal del artista
En el plano personal, el cantante vive retirado en una mansión en República Dominicana. A sus 82 años, su figura pública se había mantenido relativamente al margen de controversias legales de esta magnitud.
Su legado musical, marcado por récords de ventas y giras internacionales, contrasta ahora con una narrativa distinta en la última etapa de su vida pública. Este episodio introduce una sombra sobre la imagen histórica de Julio Iglesias.
Aunque no será juzgado en España, el debate sobre los hechos denunciados continúa abierto. La ausencia de jurisdicción no equivale a una declaración de inocencia, sino a una limitación técnica del sistema judicial.
Mientras tanto, el artista mantiene su postura de rechazo absoluto a las acusaciones y sostiene que todo responde a una campaña de descrédito basada en versiones interesadas. Así, Julio Iglesias cierra un capítulo legal en España, pero no el debate público que seguirá rodeando su nombre.
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