Julio Iglesias abre un nuevo capítulo en una de las controversias más delicadas de su carrera al solicitar formalmente el archivo de la investigación por presuntos abusos sexuales ante la Audiencia Nacional. El artista, de 82 años, sostiene que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de los hechos denunciados, presuntamente ocurridos en la República Dominicana y Bahamas, lugares donde reside actualmente.
La petición, presentada a través de su equipo legal, busca frenar lo que la defensa califica como un proceso carente de competencia territorial. Para Julio Iglesias, el caso no solo es una cuestión jurídica, sino también un golpe directo a su honor y a una trayectoria artística construida durante décadas ante la mirada del mundo.
La estrategia legal y la falta de jurisdicción
En el escrito dirigido al Ministerio Público, la defensa de Julio Iglesias argumenta que la legislación española y la jurisprudencia vigente establecen como criterio principal el de territorialidad. Es decir, que los hechos deben investigarse, en primer término, en el país donde presuntamente ocurrieron.
Según esta interpretación, la jurisdicción española solo podría activarse de manera subsidiaria si no fuera posible la persecución penal en el lugar de comisión, algo que —sostiene la defensa— no sucede en este caso. De ahí que Julio Iglesias solicite un decreto de archivo inmediato de las diligencias.
La argumentación se apoya en precedentes del derecho penal internacional y en la doctrina que prioriza la soberanía judicial de los Estados donde se producen los hechos. Para la defensa, mantener abierta la causa en España vulnera principios básicos de competencia y genera un precedente jurídico controvertido.
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Acceso a las diligencias y derecho de defensa
Otro de los puntos centrales del recurso es la exigencia de acceso inmediato a las diligencias de investigación. Julio Iglesias considera que, debido a la repercusión pública del caso, resulta imprescindible conocer el contenido íntegro del expediente para poder ejercer un derecho de defensa pleno.
El artista denuncia un daño reputacional creciente, alimentado por filtraciones y titulares que han multiplicado la exposición mediática del proceso. Desde su perspectiva, no se puede permitir que un procedimiento aún en fase de investigación se convierta en un juicio paralelo sin garantías.
La defensa subraya que negar el acceso a las diligencias impide contrastar versiones, preparar pruebas y responder con rigor a las imputaciones, lo que, a su juicio, vulnera principios fundamentales del debido proceso.
La polémica de los testigos protegidos
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la decisión de otorgar a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Julio Iglesias, a través de su abogado, critica duramente esta medida al considerar que las propias denunciantes han convertido el asunto en un caso de interés mediático.
Para la defensa, resulta incoherente invocar protección frente al investigado cuando la exposición pública ha sido promovida, en parte, por las propias protagonistas del proceso. En este punto, Julio Iglesias sostiene que cualquier pretensión de anonimato o resguardo especial debería decaer.
El debate sobre los testigos protegidos añade una capa más de complejidad a un expediente ya cargado de tensión jurídica y social, en el que confluyen derechos fundamentales, libertad de expresión y presunción de inocencia.
Presencia en las declaraciones de las denunciantes
La defensa también ha solicitado que Julio Iglesias esté presente en la primera declaración de las dos presuntas víctimas ante la Fiscalía española. El objetivo, según el escrito, es poder acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor del artista desde el primer momento procesal relevante.
Este movimiento busca evitar que se consolide una narrativa acusatoria sin posibilidad de contradicción inmediata. Para Julio Iglesias, la transparencia en esta fase es esencial para garantizar que el proceso no avance sobre bases que la defensa considera endebles.
El papel de José Antonio Choclán
Al frente de la estrategia legal se encuentra José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más reconocidos de España. Su historial incluye la defensa de figuras públicas como Cristiano Ronaldo, Imanol Arias, Corinna Larsen, Rita Barberá y Francisco Correa.
La elección de Choclán refuerza la idea de que Julio Iglesias afronta el proceso con una estrategia jurídica de alto nivel, orientada tanto a desmontar la competencia de la Audiencia Nacional como a proteger su imagen pública.
Para el entorno del artista, contar con un abogado de este perfil es una señal de que la batalla legal se librará en todos los frentes posibles, desde la jurisdicción hasta la opinión pública.
Repercusión mediática y daño reputacional
Desde que se conoció la denuncia, el nombre de Julio Iglesias ha vuelto a ocupar titulares en todo el mundo. Sin embargo, esta vez no por su música, sino por un caso judicial que amenaza con eclipsar su legado artístico.
La defensa insiste en que la exposición mediática ha causado un daño reputacional desproporcionado, especialmente considerando que la investigación se encuentra en una fase preliminar. Julio Iglesias sostiene que se le ha juzgado en la arena pública antes de que un tribunal determine siquiera si es competente para investigar.
Este contexto ha generado un intenso debate social sobre la presunción de inocencia y el papel de los medios en casos que involucran a celebridades.
Territorialidad frente a jurisdicción universal
Uno de los ejes jurídicos del caso es la tensión entre el principio de territorialidad y la posible aplicación de criterios de jurisdicción universal. La defensa de Julio Iglesias recalca que la atribución de jurisdicción invocada en la denuncia es siempre subsidiaria.
Según este razonamiento, solo cuando no sea posible perseguir el hecho por el Estado del lugar de comisión podría considerarse la competencia española. En el caso concreto, se sostiene que tanto República Dominicana como Bahamas cuentan con sistemas judiciales plenamente operativos.
Este argumento busca cerrar la puerta a cualquier intento de ampliar la competencia de la Audiencia Nacional en un asunto que, para la defensa, debe resolverse fuera de España.
Un artista frente a la justicia
Más allá de los tecnicismos legales, el caso plantea una imagen poco habitual: la de un ícono musical enfrentando una investigación penal en la última etapa de su vida. Julio Iglesias, conocido por su voz y su carisma, ahora se ve obligado a defenderse en un escenario radicalmente distinto.
El artista ha optado por una postura firme, sin concesiones, orientada a frenar el proceso desde su raíz jurídica. Para su entorno, no se trata solo de evitar una imputación, sino de proteger un nombre que forma parte de la historia de la música en español.
El futuro del proceso
La decisión que adopte la Fiscalía de la Audiencia Nacional será clave para el rumbo del caso. Si se acepta la petición de archivo, Julio Iglesias habrá logrado un primer triunfo legal significativo.
Si, por el contrario, la investigación continúa, el proceso podría derivar en un largo litigio internacional con implicaciones jurídicas y mediáticas de gran alcance.
En cualquier escenario, el caso ya ha abierto un debate profundo sobre jurisdicción, derechos fundamentales y el tratamiento mediático de las acusaciones contra figuras públicas.
Julio Iglesias, por ahora, mantiene su postura: no reconocer la competencia de los tribunales españoles y defender su honor hasta las últimas consecuencias.
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