El ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue obligado por un tribunal a devolver al Estado 28.9 millones de rand, equivalentes a unos 1.6 millones de dólares, por los honorarios legales pagados con fondos públicos en sus numerosos litigios privados.

La Corte Suprema de Pretoria, bajo la dirección del juez Anthony Millar, determinó que Zuma deberá pagar la deuda en un plazo máximo de 60 días, además de cubrir los intereses acumulados desde enero de 2024. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán embargar sus bienes, incluida su pensión presidencial, para recuperar el dinero adeudado.

Un largo historial de controversias legales

Jacob Zuma, quien ocupó la presidencia sudafricana entre 2009 y 2018, enfrenta desde hace años acusaciones de corrupción, malversación de fondos públicos y abuso de poder. Muchos de los procesos judiciales en su contra se remontan a su época como vicepresidente, y otros surgieron durante y después de su mandato.

Buena parte de las controversias gira en torno al llamado “caso de las armas”, un escándalo de corrupción por contratos millonarios de defensa firmados en la década de 1990. Zuma ha negado siempre las acusaciones, pero su defensa legal se ha extendido durante años y ha requerido millones en costos judiciales.

El problema, según la Fiscalía General de Sudáfrica, es que estos gastos fueron cubiertos con dinero del Estado, pese a tratarse de litigios personales que no tenían relación con sus funciones presidenciales.

Fallos previos y responsabilidad del reembolso

La reciente orden judicial no es nueva en esencia. Fallas anteriores, como la emitida por el Tribunal Superior de Gauteng en 2018 y la del Tribunal Supremo de Apelación en 2021, ya habían determinado que Zuma debía reembolsar al Estado los fondos utilizados para su defensa privada.

Sin embargo, el ex mandatario no había cumplido con los pagos, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar una nueva intervención judicial.

Los documentos judiciales confirman que el monto inicial de 18.9 millones de rand (aproximadamente 1 millón de dólares) ha aumentado con los intereses generados desde enero de 2024, elevando la suma total a 28.9 millones de rand.

El juez Millar subrayó que ningún funcionario público puede utilizar recursos estatales para fines personales, y que este principio es clave para mantener la integridad y la confianza en las instituciones democráticas.

Un golpe político y simbólico para Zuma

La decisión judicial representa no solo un revés financiero, sino también un golpe político y simbólico para Jacob Zuma, quien todavía mantiene influencia en ciertos sectores del Congreso Nacional Africano (ANC), el partido histórico que gobierna Sudáfrica desde el fin del apartheid.

Zuma fue obligado a dimitir en 2018 tras múltiples escándalos de corrupción que afectaron su gobierno y su partido. Años después, en 2021, fue encarcelado por desacato judicial al negarse a declarar ante una comisión que investigaba la “captura del Estado”, un entramado de corrupción que involucraba a empresarios y altos funcionarios. Su breve encarcelamiento desató graves disturbios y saqueos en el país, con saldo de más de 300 muertos.

Aunque Zuma sigue siendo una figura polarizadora, el fallo refuerza el mensaje del sistema judicial de que ningún ex presidente está por encima de la ley, y que el uso indebido de recursos públicos no quedará impune.

Consecuencias legales y financieras

Si Zuma no cumple con el pago en el plazo establecido, la Fiscalía podría confiscar bienes personales, propiedades y su pensión vitalicia como ex jefe de Estado.

Analistas legales sudafricanos consideran que este caso podría sentar un precedente importante en materia de rendición de cuentas y uso de fondos públicos, en un país donde los escándalos de corrupción han afectado gravemente la confianza ciudadana en el gobierno.

Además, el fallo coincide con un contexto político tenso, en el que Sudáfrica se prepara para un nuevo ciclo electoral y enfrenta una creciente presión social por la transparencia y el combate a la corrupción.

La orden judicial contra Jacob Zuma marca un nuevo capítulo en la lucha de Sudáfrica por la rendición de cuentas y la justicia institucional.

Obligar a un ex presidente a reembolsar fondos públicos usados indebidamente no solo busca reparar un daño económico, sino también reafirmar el principio de igualdad ante la ley.

En un país donde el legado del apartheid aún pesa y la corrupción sigue siendo una amenaza constante, el caso Zuma podría ser un símbolo de avance democrático y de que, finalmente, la justicia alcanza incluso a los más poderosos.