El Paquete Económico 2025 ha encendido alarmas en diversos sectores, pues los recortes en áreas esenciales como salud, educación y seguridad reflejan un enfoque gubernamental que privilegia proyectos cuestionables y programas clientelares.
El gasto público creció de 6 billones de pesos en 2019 a 9 billones en 2024, pero en este incremento subyace un patrón: inversiones polémicas en obras como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, que han drenado recursos que hoy escasean para cubrir necesidades básicas de millones de mexicanos.
Salud: Un recorte del 34% que golpea al sector más vulnerable
El recorte presupuestal en salud para 2025 llega al 34%, afectando directamente la capacidad del sector para garantizar servicios esenciales.
- Medicamentos y servicios médicos privados: Los recortes dificultarán el acceso a tratamientos, especialmente en zonas marginadas donde la infraestructura ya es deficiente.
- Falta de personal: La contratación de médicos y especialistas, crucial tras la crisis por COVID-19, se verá limitada.
Aunque los programas sociales ocupan el 8.9% del presupuesto, su enfoque no resuelve necesidades inmediatas como la atención médica.
Educación: Universidades públicas pierden mientras prevalece la ideología
En el sector educativo, el panorama no es más alentador.
- Universidades públicas: Aunque se corrigió el recorte inicial a la UNAM y el IPN con una devolución de 11,698 millones de pesos, muchas universidades públicas mantienen reducciones preocupantes.
- Universidades del Bienestar: Reciben un aumento del 85.9% a pesar de sus cuestionables resultados en calidad educativa y baja capacidad para generar empleabilidad.
El contraste es evidente: se prioriza la expansión de un modelo ideológico sobre la mejora de instituciones con trayectoria y capacidad comprobadas.
Seguridad: Una prioridad que se desvanece entre recortes
La Seguridad Ciudadana, una de las principales demandas de los mexicanos, también enfrenta un duro golpe.
- Reducción presupuestaria: El presupuesto pasa de 110,339 millones a 70,422 millones de pesos, una disminución del 34%.
- Policías locales debilitadas: Los estados y municipios recibirán solo un aumento marginal del 3.7%, insuficiente para profesionalizar a las corporaciones o dotarlas de mejor equipo.
- Violencia creciente: Octubre registró 2,564 homicidios (un aumento del 6% interanual), además de actos terroristas y un repunte en desapariciones y extorsiones.
El ambicioso plan del secretario Omar García Harfuch de fortalecer policías locales y reducir la incidencia delictiva parece difícil de cumplir con recursos tan limitados.
Programas sociales: Beneficio real o herramienta clientelar
Los programas sociales siguen siendo el eje principal del gasto público, pero su efectividad está en duda.
- Ampliación de beneficiarios: Mujeres mayores de 60 años se sumarán al programa de pensiones.
- Enfoque electoral: Las críticas apuntan a que estas iniciativas son más un medio para consolidar bases electorales que un mecanismo efectivo de desarrollo social.
¿Qué revela este presupuesto sobre las prioridades del gobierno?
El análisis del Presupuesto 2025 deja claro que la atención a sectores clave no es la prioridad:
- Concentración de recursos en proyectos políticos: Se privilegian obras como el Tren Maya y programas clientelares, incluso a costa de sectores esenciales.
- Falta de visión a largo plazo: El presupuesto no contempla fortalecer áreas fundamentales para el desarrollo, como la educación superior o la infraestructura médica.
- Ineficiencia en seguridad: Los recortes en un país que enfrenta 40 masacres mensuales y creciente actividad delictiva parecen una decisión insensible e irresponsable.
¿Un presupuesto para quién?
El Presupuesto 2025 refleja un gobierno enfocado en consolidar poder político, más que en resolver las necesidades críticas de la población. Los recortes en salud, educación y seguridad no solo afectan directamente a los ciudadanos más vulnerables, sino que también comprometen el futuro del país al priorizar el gasto electoral sobre el bienestar común.
Es hora de exigir transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, para que cada peso invertido genere impacto real en las vidas de los mexicanos.
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