Un esfuerzo conjunto para cerrar la brecha financiera
El gobierno federal, junto con las Afores, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), trabaja en una nueva Política Nacional de Inclusión Financiera que buscará incrementar el acceso al sistema bancario y fomentar el ahorro voluntario entre millones de personas que laboran en la economía informal. El proyecto, que deberá presentarse a finales de noviembre, tiene como objetivo reducir las barreras que impiden a una parte mayoritaria de la población participar en el sistema de ahorro para el retiro.
De acuerdo con Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore, uno de los ejes principales de la nueva política será impulsar el ahorro voluntario, especialmente entre quienes no cuentan con afiliación al IMSS o ISSSTE. La meta es que más mexicanos puedan abrir una cuenta individual y generar recursos para la vejez, aun cuando no tengan un empleo formal.
Más de la mitad de los trabajadores está fuera del sistema formal
En México, el 54.5% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que significa que no tienen acceso automático a una cuenta Afore ni aportaciones patronales. Esto limita sus posibilidades de recibir una pensión en el futuro y profundiza la desigualdad financiera entre quienes tienen empleo formal y quienes dependen de actividades irregulares, temporales o no registradas.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 76.5% de los adultos en el país tiene al menos un producto financiero. Sin embargo, ese porcentaje incluye desde cuentas bancarias básicas hasta créditos y seguros, lo que no garantiza que exista ahorro para el retiro. Para millones de personas fuera del sistema laboral formal, la única vía posible para construir patrimonio a largo plazo es el ahorro voluntario, pero la falta de educación financiera, trámites burocráticos y desconfianza hacia las instituciones han frenado su adopción.
Trabajadores por cuenta propia y sector agrícola, entre los principales objetivos
El presidente de la Consar, Julio Cervantes, explicó que el nuevo plan pondrá especial atención en los trabajadores agrícolas y mujeres, dos sectores que históricamente enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al sistema financiero. Parte de la estrategia incluye facilitar la apertura de cuentas individuales, impulsar mecanismos de aportaciones digitales y campañas de educación financiera orientadas a personas sin historial bancario.
Estudios recientes señalan que existen al menos cuatro tipos de informalidad laboral relevantes para el diseño de políticas públicas:
- Personas que trabajan por honorarios
- Microemprendedores que operan desde casa
- Trabajadores del sector agropecuario
- Personas que realizan trabajo doméstico no remunerado
Tan solo el sector de trabajadores por honorarios suma 3.4 millones de personas, con un potencial de ahorro estimado en 1,677 millones de pesos mensuales, lo que evidencia una oportunidad financiera subutilizada.
Digitalización y educación: dos pilares centrales del plan
Tanto Amafore como Consar adelantaron que la política incluirá herramientas tecnológicas que simplifiquen el proceso de ahorro, como aplicaciones móviles, depósitos digitales y convenios con bancos y plataformas de pago. En paralelo, la Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que se integrarán contenidos de educación financiera desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que representa un cambio estructural en la formación económica de futuras generaciones.
Según la ABM, el proyecto será presentado con mayor detalle durante la próxima Convención Bancaria, programada para marzo de 2026, donde se reportarán los avances del sector privado en materia de inclusión.
Un esfuerzo interinstitucional con más de una década de antecedentes
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif), creado en 2011, agrupa a instituciones clave como Hacienda, Banxico, Condusef, Consar y la CNBV. La nueva política se construye bajo este marco, pero con un enfoque más directo hacia los desafíos actuales: informalidad persistente, baja tasa de ahorro, digitalización acelerada y creciente necesidad de seguridad económica en la vejez.
Una apuesta para reducir desigualdad de largo plazo
El nuevo plan nacional de inclusión financiera busca atender un problema estructural: millones de mexicanos llegarán a la vejez sin una pensión suficiente si no existen mecanismos accesibles de ahorro voluntario y educación financiera. La incorporación de trabajadores informales al sistema de Afores no solo ampliaría la base de ahorro interno del país, sino que también disminuiría la vulnerabilidad futura de sectores con poca protección social.
Si las medidas logran combinar simplicidad tecnológica, incentivos reales y confianza institucional, México podría avanzar en una de las tareas pendientes más importantes de su sistema financiero: que el derecho a ahorrar para la vejez no dependa del tipo de empleo, sino del acceso a herramientas que permitan hacerlo.


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