El gobierno federal presentó uno de los proyectos de inversión en infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata de un plan público y mixto que contempla hasta 5.9 billones de pesos de inversión rumbo a 2030, como parte del fortalecimiento del llamado Plan México, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico con bienestar social, justicia distributiva y desarrollo regional.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 3 de febrero, donde autoridades detallaron cómo se distribuirán los recursos y bajo qué reglas operarán los nuevos esquemas de financiamiento.
¿Cuánto invertirá México en infraestructura entre 2026 y 2030?
De acuerdo con Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, para el periodo 2026-2030 se prevé una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, tras el análisis de más de 1,500 proyectos presentados por dependencias federales.
A esta cifra se suman inversiones adicionales que permitirán alcanzar un total estimado de 5.9 billones de pesos hacia 2030, principalmente de origen público, aunque complementadas con esquemas de inversión privada bajo control del Estado.
Para 2026, la inversión en infraestructura incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación equivale al 2.5% del PIB, a lo que se añadirá una inversión adicional cercana al 1.9% del PIB, es decir, alrededor de 722 mil millones de pesos adicionales solo para ese año.
¿Qué proyectos contempla el plan de infraestructura?
El plan de infraestructura concentra recursos en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la soberanía nacional. Más de la mitad del presupuesto se destinará al sector energético, que concentra el 54% de la inversión total, reflejando la prioridad del gobierno por fortalecer la generación y distribución de energía bajo un esquema de control estatal.
Otros sectores incluyen trenes, carreteras, puertos, salud y agua, con proyectos enfocados tanto en conectividad como en servicios básicos y bienestar social. La intención, según Hacienda, es que la inversión pública actúe como detonador de la inversión privada y del crecimiento regional.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Estado mantendrá un rol central en la inversión, a diferencia de esquemas utilizados en el pasado. Explicó que actualmente el gobierno destina cerca de un billón de pesos a programas de bienestar y una cifra similar a inversión pública, monto que se verá reforzado en 2026 con 700 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a aproximadamente 2% del PIB.
Sheinbaum enfatizó que el aumento en la inversión pública se reflejará principalmente en carreteras, agua y energía, sectores considerados fundamentales para el crecimiento con justicia social.
Concesiones bajo control del Estado
Uno de los puntos centrales del plan es el cambio en la lógica de las concesiones. La presidenta aseguró que las nuevas inversiones garantizan que los activos estratégicos permanezcan en manos del Estado mexicano, con tasas de financiamiento controladas y sin contratos que comprometan las finanzas públicas a largo plazo.
En el caso del sector eléctrico, recordó que la legislación vigente establece una participación de 54% pública y 46% privada, manteniendo la rectoría del Estado en la generación y distribución de energía.
Nuevo Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión
Como parte del rediseño institucional, Hacienda anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, el cual será coordinado por la propia presidenta. Este organismo dará seguimiento físico y financiero a cada proyecto, priorizará obras estratégicas y buscará destrabar cuellos de botella administrativos o presupuestales.
La intención es evitar retrasos, sobrecostos y falta de coordinación entre dependencias, problemas que históricamente han afectado grandes proyectos de infraestructura.
Nuevos esquemas financieros y cambios legales
El plan también contempla la implementación de nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura, diseñados para ser más eficientes, transparentes y menos costosos que las antiguas Asociaciones Público-Privadas.
Edgar Amador Zamora adelantó que en las próximas semanas se presentará una iniciativa de ley para armonizar el marco jurídico, formalizar el funcionamiento del consejo de planeación, crear nuevos fondos de inversión y establecer una base de datos nacional que permita el seguimiento público de los proyectos.
El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que los esquemas de inversión mixta ya se han utilizado en administraciones anteriores, pero ahora se busca que el Estado defina las reglas, comparta riesgos de forma equilibrada y proteja las finanzas públicas.
Entre los proyectos emblemáticos mencionó la compra de plantas de Iberdrola, el aeropuerto de Nayarit y diversas autopistas estratégicas, como el corredor Guadalajara–Puerto Vallarta
El gobierno federal estima mantener un déficit fiscal cercano al 4.3%, mientras impulsa proyectos que generen empleo, soberanía energética y desarrollo regional. El objetivo final, subrayaron las autoridades, es que el crecimiento económico vaya acompañado de distribución del ingreso y bienestar social, no solo de mejores indicadores macroeconómicos.
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