La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó este miércoles la primera sesión para analizar la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El caso no solo pone a prueba la agenda comercial del expresidente republicano, sino también la amplitud de sus poderes ejecutivos y los alcances legales de las medidas económicas adoptadas bajo declaratorias de emergencia.

Con una mayoría conservadora, los nueve magistrados deberán determinar si Trump puede imponer aranceles unilaterales a múltiples países —incluido México, al que acusa de permitir el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense— utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento legal.

¿Qué se debate en la Corte Suprema?

El punto central del litigio es si el presidente tiene autoridad para aplicar aranceles masivos sin la aprobación del Congreso. La defensa de Trump sostiene que la IEEPA otorga al Ejecutivo una amplia facultad para regular el comercio exterior en situaciones consideradas de emergencia nacional.

Sin embargo, los opositores argumentan que la ley fue creada para congelar activos, restringir transferencias financieras o bloquear transacciones con naciones sancionadas, no para crear nuevos impuestos aduaneros sobre bienes extranjeros.

Uno de los conceptos clave que se discute es la “doctrina de las cuestiones importantes”, que establece que las decisiones con impacto económico o estructural de gran magnitud deben ser autorizadas explícitamente por el Congreso y no solo por interpretación ejecutiva.

Postura de la defensa de Trump

El fiscal general John Sauer, encargado de defender la constitucionalidad de los aranceles, aseguró ante los jueces que la IEEPA sí habilita al presidente a actuar en un marco de emergencia y que revocar estas medidas expondría a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” de otras naciones.

Además, argumentó que el verdadero tema no es si los aranceles son legítimos, sino si el presidente puede regular el comercio internacional cuando lo considere necesario para proteger la seguridad nacional y la economía.

Dudas dentro del propio tribunal

Aunque la Corte tiene una mayoría conservadora, varios magistrados expresaron reparos frente al uso expansivo de esta ley.
La jueza progresista Sonia Sotomayor recordó que los impuestos son facultad del poder legislativo, no del Ejecutivo, y que los aranceles tienen naturaleza fiscal.

El juez conservador John Roberts señaló que Trump utilizó la ley para imponer gravámenes sin importar el producto, el país de origen, la duración o el monto, lo que a su juicio otorga “una autoridad demasiado amplia” al presidente, más allá de lo previsto por el Congreso.

Aranceles en niveles históricos

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha elevado los aranceles a niveles no vistos desde la década de 1930, en el marco de su política de proteccionismo económico y su promesa de defender la industria estadounidense.
Los gravámenes han sido aplicados contra países aliados y rivales, afectando desde el acero y aluminio hasta bienes de consumo masivo.

En mayo, un tribunal federal sentenció que el presidente excedió su autoridad legal al imponer estos aranceles, aunque el fallo quedó suspendido mientras avanzaban las apelaciones. En agosto, un tribunal de apelaciones mantuvo el criterio de ilegalidad, lo que llevó al gobierno a elevar el caso a la Corte Suprema como último recurso.

¿Qué pasa si la Corte los declara ilegales?

Si el alto tribunal dictamina que los aranceles violan la ley, el gobierno de Trump aún tendría alternativas para mantener medidas similares.
Según la Sección 301 de la Ley de Comercio, un presidente puede establecer aranceles de hasta 15% por un máximo de 150 días, mientras se inicia una investigación formal contra el país afectado.
Esto significa que, incluso con un revés judicial, Trump podría reimponer aranceles temporalmente, comprando tiempo político y legal.

Trump defiende su estrategia comercial

En la víspera de la audiencia, Trump aseguró que mantener los aranceles es “una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos”, insistiendo en que la medida protege empleos, frena la entrada de drogas y disciplina a países que, según él, se benefician injustamente del comercio con Estados Unidos.

Los críticos, sin embargo, aseguran que la política arancelaria ha generado inflación sobre bienes importados, tensiones diplomáticas y represalias comerciales que afectan a exportadores estadounidenses, como agricultores y fabricantes de maquinaria.

La decisión de la Corte Suprema tendrá impacto directo en la política económica, el equilibrio de poderes y la relación comercial de Estados Unidos con el mundo.
Un fallo a favor de Trump reforzaría la capacidad presidencial para actuar sin aprobación legislativa; uno en contra marcaría un precedente que limitaría el uso de poderes de emergencia en materia económica.

El veredicto podría conocerse en los próximos meses, pero ya es considerado uno de los casos más relevantes en la relación entre comercio internacional y poder ejecutivo en la historia reciente del país.