La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, luego de que no acudiera a la audiencia en la que debía comparecer ante un juez federal del Altiplano. El marino es señalado como presunto integrante de una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico ilegal de combustibles, caso conocido mediáticamente como “huachicol fiscal”.

El Ministerio Público Federal acusa al contralmirante del delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, una de las figuras penales más graves dentro del sistema judicial mexicano.

¿Por qué la FGR pidió su captura?

La jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez ordenó a la Policía Federal Ministerial ejecutar la detención, luego de que Farías Laguna no se presentara por tercera ocasión a la audiencia programada. La defensa del marino señaló que la Fiscalía no ha entregado de forma completa la carpeta de investigación, lo que impide preparar una defensa adecuada.

Sin embargo, la jueza determinó que la ausencia no estaba justificada legalmente y autorizó el uso de la fuerza pública para garantizar su asistencia. Si vuelve a faltar, podrá ser declarado sustraído de la acción de la justicia, es decir, prófugo de manera formal.

¿Qué dice la ley en estos casos?

De acuerdo con el Artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si una persona imputada en una carpeta de investigación no acude a una audiencia a pesar de estar legalmente citada, un juez puede ordenar su comparecencia forzosa mediante agentes ministeriales.
La orden no implica una sentencia, pero asegura que el acusado se presente ante la autoridad judicial.

Este recurso es común en casos donde el imputado tiene rango, poder económico o posibilidad de evadir la justicia, como ocurre con mandos militares o funcionarios públicos.

La red de corrupción detrás del caso

El contralmirante Fernando Farías no es el único señalado. En septiembre fueron detenidos 14 integrantes de la red, entre ellos altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), funcionarios de Aduanas y representantes de empresas privadas. Entre los implicados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar directo del contralmirante buscado.

De acuerdo con la investigación federal, la red permitió que 32 barcos ingresaran a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes. El esquema habría operado desde puertos estratégicos, utilizando permisos aduaneros, omisiones deliberadas y documentación alterada.

¿Qué es el “huachicol fiscal”?

A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo físico de combustible mediante tomas clandestinas, el llamado huachicol fiscal opera en el terreno administrativo: se introduce combustible legalmente al país, pero se evaden impuestos, permisos o controles regulatorios mediante fraudes, falsificación de documentos o complicidad de funcionarios.

Esto permite comercializar combustibles a menor precio, afectando a Pemex, al fisco y a la competencia legal. Según la Auditoría Superior de la Federación, este tipo de delitos genera pérdidas millonarias en recaudación federal cada año.

La defensa del contralmirante

Los abogados de Farías Laguna argumentaron que la FGR no ha entregado por completo la carpeta de investigación, y que las partes accesibles están “testadas” (censuradas), lo que impide conocer los hechos imputados en su totalidad. Por ello solicitaron aplazar la audiencia una vez más.

También habrían propuesto que el acusado compareciera de forma remota, pero la jueza lo rechazó y exigió presencia física, argumentando que se trata de un delito grave y con riesgo de evasión.

¿Qué sigue en el proceso?

Nueva audiencia: reprogramada para el próximo sábado
Orden de aprehensión: ya autorizada, en manos de la Policía Federal Ministerial
Riesgo de estatus legal: si no se presenta, será declarado prófugo formalmente
Posible vinculación a proceso: si es detenido o comparece, el juez decidirá si hay elementos para abrir juicio penal

Implicaciones del caso

El proceso no solo involucra a mandos navales, sino que evidencia posible corrupción interna en aduanas, puertos y estructuras de seguridad marítima, sectores en los que el gobierno ha asegurado tener control absoluto.

Además, la acusación llega en un contexto en que el presidente ha defendido la participación militar en tareas civiles. Que un contralmirante sea acusado de delincuencia organizada pone presión sobre la relación entre Fuerzas Armadas y fiscalía.

El caso del contralmirante Farías Laguna no solo es un proceso penal individual: forma parte de una investigación histórica sobre corrupción en el sector energético y en mandos militares. Si la orden de captura se ejecuta, será una prueba clave para determinar si el Estado mexicano puede procesar penalmente a miembros de alto rango de la Marina en casos de crimen organizado.