El Congreso de México ha aprobado una reforma transformadora a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), creando una nueva y poderosa agencia, aumentando drásticamente las multas por prácticas monopólicas y endureciendo las reglas para todas las empresas del país.
El panorama para hacer negocios en México ha cambiado de forma fundamental y permanente. Con la aprobación de una profunda reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), el país se adentra en una nueva era de vigilancia y control antimonopolio que afectará a corporaciones de todos los tamaños y sectores. La reforma, que entró en vigor el 17 de julio de 2025, disuelve a los órganos autónomos existentes y crea una entidad con un poder sin precedentes.
Los cambios son estructurales y de gran alcance. Se reemplaza a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en sus funciones de competencia, para dar paso a una nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Esta nueva entidad, adscrita a la Secretaría de Economía, centraliza el poder y endurece significativamente el régimen de sanciones.
Más Poder, Multas Más Altas
La reforma no es un simple cambio de nombre; es una demostración de fuerza regulatoria. Los puntos más críticos que las empresas deben entender son el aumento de las sanciones y la ampliación de las conductas castigadas.
- Aumento de Multas: Las sanciones por prácticas monopólicas absolutas (colusión o cárteles) se elevan de un máximo del 10% hasta un 15% de los ingresos del agente económico. Para las prácticas monopólicas relativas (abuso de dominio), la multa sube del 8% al 10%.
- Nuevas Sanciones: Se introduce la inhabilitación para participar en licitaciones públicas (de 6 meses a 5 años) para quienes se coludan en concursos gubernamentales.
- Mayor Riesgo: Se amplía el concepto de colusión para incluir a «competidores potenciales» y se clasifica el simple «intercambio de información» como una práctica monopólica per se, lo que aumenta drásticamente el riesgo para colaboraciones industriales y cámaras de comercio.
Cambios Clave en la Ley de Competencia
Para facilitar la comprensión de estos cambios trascendentales, la siguiente tabla resume las modificaciones más importantes:
| Característica | Ley Anterior (Pre-Reforma) | Nueva Ley (Post-Reforma) | Impacto Directo en Empresas |
|---|---|---|---|
| Autoridad Antimonopolio | COFECE / IFT (Órganos Autónomos) | Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) | Menor autonomía, mayor influencia del Ejecutivo. |
| Multa Máx. (Colusión) | 10% de los ingresos | 15% de los ingresos | Riesgo financiero significativamente mayor. |
| Multa Máx. (Abuso de Dominio) | 8% de los ingresos | 10% de los ingresos | Mayor disuasión contra conductas anticompetitivas. |
| Umbral Notificación Fusión | Valor de transacción > $2,036 millones de UMA | Valor de transacción > $1,810 millones de UMA | Más fusiones y adquisiciones requerirán autorización. |
| Investigación de Fusiones | 1 año para investigar no notificadas | 3 años para investigar no notificadas | Mayor periodo de incertidumbre legal post-cierre. |
| Intercambio de Información | Analizado bajo la “regla de la razón” | Considerado práctica monopólica per se | Riesgo elevado en participación en asociaciones empresariales. |
Un Nuevo Paradigma de Gobernanza Económica
Esta reforma representa una consolidación significativa de poder en el Poder Ejecutivo. Al disolver dos agencias constitucionales autónomas y crear una nueva entidad dependiente de la Secretaría de Economía, con comisionados designados por el Presidente, el gobierno está centralizando el control de la política de competencia. Este es un cambio filosófico fundamental, que se aleja del modelo de reguladores independientes diseñado para aislar las decisiones técnicas de las presiones políticas.
Para las empresas, el mensaje es claro: el escrutinio será mayor, las consecuencias de infringir la ley serán más severas y el umbral para ser investigado es ahora más bajo. La introducción de programas de cumplimiento certificados, que pueden mitigar las sanciones, se convierte en una herramienta esencial, pero también en una admisión de que el riesgo de incumplimiento ha crecido exponencialmente. Las compañías que operan en México deberán revisar urgentemente sus políticas y prácticas para adaptarse a este nuevo y más estricto entorno regulatorio.
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