Detectan más de 3 millones de litros de huachicol fiscal en aduanas
Durante los últimos años, México ha librado una batalla silenciosa contra una de las formas más sofisticadas de contrabando: el huachicol fiscal. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del actual gobierno, se registraron 66 incidencias de ingreso ilegal de hidrocarburos en aduanas del norte del país. El volumen total decomisado asciende a 3 millones 485 mil litros, con un valor comercial declarado de más de 31 millones de pesos.
El mapa del huachicol fiscal en el norte del país
Las aduanas más afectadas fueron las de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Sonoyta y Colombia, todas con antecedentes de tráfico de hidrocarburos. De los 66 casos, 36 ocurrieron en la Aduana de Matamoros durante 2024, un año que marcó récord en decomisos de combustibles con registro irregular.
En estas zonas fronterizas, el flujo de camiones cisterna y embarcaciones hace difícil detectar operaciones fraudulentas. A través de documentos aduanales alterados y fracciones arancelarias incorrectas, los grupos implicados evadían el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una maniobra que permitió mover millones de litros de gasolina, diésel y aceites lubricantes sin el control fiscal correspondiente.
La red detrás del contrabando
Las investigaciones apuntan a la participación de figuras con poder dentro del aparato estatal y empresarial. Entre los nombres señalados se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos de la Secretaría de Marina y sobrinos del ex titular Rafael Ojeda Durán, además de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, socio principal de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca.
Estas compañías habrían facilitado el traslado y descarga de hidrocarburos desde embarcaciones sin registro adecuado en las aduanas de Altamira, Tampico, Guaymas y Ensenada, según documentos oficiales.
La respuesta institucional y los vacíos legales
La ANAM aclaró que su sistema no tiene un apartado específico para “huachicol fiscal”. Por ello, los casos fueron catalogados bajo el rubro de “hidrocarburos”, lo que dificulta conocer el impacto total de estas operaciones. “El aplicativo no cuenta con un campo que indique si la mercancía corresponde a ‘huachicol fiscal’”, señaló la institución en su respuesta de transparencia.
Este vacío legal ha permitido que algunas incidencias no sean reportadas formalmente, dejando espacios grises donde la rendición de cuentas se diluye. Cada aduana es responsable de registrar los decomisos, y la falta de homologación entre dependencias complica la fiscalización del flujo energético en las fronteras.
El costo económico del huachicol fiscal
El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que actualmente existen querellas por un monto superior a 16 mil millones de pesos, derivadas de contrabando y facturación ilegal de combustibles. Este monto representa pérdidas millonarias para el erario y un duro golpe para la estrategia de control energético nacional.
El huachicol fiscal, a diferencia del robo directo de ductos, opera desde el escritorio: se utilizan documentos falsos o permisos alterados para introducir hidrocarburos sin declarar o con aranceles incorrectos. Este modelo, sofisticado y de cuello blanco, ha sido uno de los principales retos del gobierno en materia de seguridad económica.
AMLO y la nueva política energética: avances y desafíos
Durante el sexenio de López Obrador, la lucha contra el huachicol se centró en los ductos de Pemex. Sin embargo, el enfoque en aduanas ha cobrado fuerza apenas en los últimos dos años. De las 66 incidencias registradas, 50 ocurrieron durante la administración anterior, y 16 ya se registran en el primer año del nuevo gobierno, lo que muestra que la práctica persiste a pesar de los esfuerzos de vigilancia militar y tecnológica.
La Secretaría de Marina y la ANAM han incrementado la supervisión en puertos estratégicos y pasos fronterizos, pero las redes del contrabando continúan adaptándose. En palabras de un funcionario federal, “cada decomiso es apenas la punta del iceberg de un mercado ilícito que se reinventa constantemente”.
Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas
Las organizaciones civiles han pedido mayor transparencia en los informes de la ANAM y sanciones más severas para los funcionarios implicados. Los expertos en comercio exterior advierten que, sin una clasificación específica para el huachicol fiscal, el país seguirá perdiendo millones en impuestos y legitimidad institucional.
A medida que avanzan las investigaciones, las miradas se centran en la capacidad del nuevo gobierno para romper los nexos entre las estructuras criminales y las aduanas. La reconstrucción de confianza y control fiscal será clave para blindar las fronteras del país.
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