En medio de la expectación mediática y el rechazo ciudadano, un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La audiencia, realizada en las salas orales de Doctor Lavista, marcó un punto clave en la investigación de un caso que conmocionó al país por la magnitud del acto y la figura pública afectada. El Ministerio Público presentó la imputación correspondiente tras la detención del acusado, ocurrida el pasado martes por elementos de la Policía de Investigación (PDI).
Detención y audiencia: un caso seguido de cerca por todo México
De acuerdo con los reportes judiciales, Uriel Rivera fue detenido en el Reclusorio Norte, donde permanecía tras haber sido señalado por otro incidente de agresión a una joven en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se espera reunir más pruebas y testimonios que fortalezcan el caso.
Los hechos por los cuales se le acusa ocurrieron mientras la presidenta Sheinbaum regresaba de un acto oficial en la Secretaría de Educación Pública, tras encabezar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México.
En ese trayecto, la mandataria saludaba a ciudadanos cuando ocurrió el incidente que derivó en la rápida intervención de sus elementos de seguridad y, posteriormente, en la detención del responsable.
Indignación social y reflexión sobre la violencia de género
El caso ha generado un amplio debate público sobre la violencia hacia las mujeres, incluso cuando las víctimas son figuras con altos niveles de protección. Diversas voces en redes sociales y medios han señalado que este tipo de agresiones visibilizan una problemática estructural que afecta a millones de mujeres mexicanas.
El mensaje de la presidenta tras el incidente fue contundente:
“No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad. La justicia debe prevalecer siempre.”
Su declaración reforzó el compromiso del gobierno con la seguridad y los derechos de las mujeres, un eje central de su administración.
Un proceso que marcará precedente
La vinculación a proceso de Uriel Rivera no solo representa un paso judicial, sino también un mensaje simbólico de cero tolerancia ante la agresión y el acoso.
El caso será seguido de cerca por la opinión pública, pues no solo involucra a la mandataria, sino que refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, justicia y acompañamiento para las víctimas de violencia sexual en el país.
Mientras tanto, el proceso legal continuará bajo supervisión de las autoridades competentes, con la expectativa de que la resolución final reafirme la confianza en el sistema judicial mexicano.
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