La búsqueda de justicia en México vuelve a poner a prueba a las instituciones. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la vinculación a proceso de seis exagentes de la extinta Policía Federal, acusados de cometer tortura durante una investigación judicial. El caso se suma a una serie de procesos que buscan erradicar el abuso de autoridad y la impunidad dentro de los cuerpos de seguridad.
Una práctica del pasado que aún persiste
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, los imputados —identificados como Juan “C”, Maricruz «B», Benito «V», Erick «A», Ricardo «G» y Yessica “P”— habrían infligido lesiones graves a una persona detenida, con el propósito de obtener información relacionada con una investigación en curso.
La víctima, según el expediente, fue sometida a golpes, amenazas y presiones psicológicas en instalaciones oficiales. Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos y son sancionadas por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La FGR fortalece casos de tortura
El proceso judicial fue posible gracias a la actuación de agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, quienes aportaron pruebas periciales y testimoniales que sustentaron la acusación.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México, determinó la vinculación a proceso y fijó cuatro meses para la investigación complementaria. Durante ese tiempo, se espera que la FGR amplíe los elementos probatorios que confirmen la responsabilidad de los exagentes.
Una deuda histórica con los derechos humanos
El caso pone nuevamente en el centro del debate el legado de la extinta Policía Federal, institución desaparecida en 2019 tras múltiples denuncias por corrupción, abuso de poder y violaciones a derechos humanos.
La creación de la Guardia Nacional buscó marcar un punto de inflexión, pero los casos heredados continúan afectando la confianza ciudadana. De acuerdo con organizaciones civiles, entre 2006 y 2018 se registraron más de 3,000 denuncias por tortura atribuidas a fuerzas federales, muchas de ellas aún sin sentencia.
El proceso contra los seis exagentes representa un paso importante hacia la rendición de cuentas, aunque expertos advierten que la justicia en estos casos suele ser lenta y enfrenta obstáculos institucionales.
Un mensaje de cero tolerancia
En su comunicado, la FGR reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la erradicación de prácticas de tortura en los procesos de investigación. Además, subrayó que ningún servidor público está exento de responsabilidad y que estos hechos no quedarán impunes.
El caso se perfila como un símbolo de renovación judicial en México, donde la justicia busca equilibrar la seguridad con el respeto a la dignidad humana.
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