Planta Cruz Azul fue finalmente recuperada por el consejo de administración de la cooperativa tras más de cinco años de disputas legales y confrontaciones internas que paralizaron parte de su operación en Hidalgo.
El operativo comenzó alrededor de las cuatro de la madrugada en el poblado de Jasso, municipio de Tula. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encabezaron la diligencia con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales.
La orden judicial buscaba restituir el inmueble a quienes fueron ratificados como legítimos dueños: el consejo liderado por Víctor Manuel Velázquez Rangel.
Lo que parecía un procedimiento administrativo terminó convirtiéndose en una jornada tensa.
Un operativo con 33 detenidos
Durante la recuperación de la Planta Cruz Azul se reportaron detonaciones de arma de fuego y momentos de confrontación entre civiles y fuerzas de seguridad. El saldo oficial fue de 33 personas detenidas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que 31 de los arrestados fueron asegurados por desobediencia y resistencia, mientras que dos enfrentan cargos por portación de arma de fuego.
Aunque vecinos reportaron múltiples disparos en las primeras horas del día, las autoridades aclararon que no hubo personas heridas ni fallecidas.
Las vialidades cercanas fueron cercadas desde temprano. Afuera, familiares de algunos trabajadores denunciaban no saber el paradero de sus allegados. Horas después se confirmó que se encontraban bajo custodia ministerial.
El ambiente reflejaba la profundidad de una pugna que no terminó con detenciones previas ni órdenes judiciales.
El conflicto detrás de la Planta Cruz Azul
La historia de la Planta Cruz Azul en Hidalgo es también la historia de una división interna que marcó a la cooperativa durante años.
Por un lado, el grupo afín al ex presidente Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez. Por otro, el consejo encabezado por Velázquez Rangel.
En agosto de 2020, autoridades giraron órdenes de aprehensión contra Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero. Fue detenido años después, pero la disputa por el control físico del complejo industrial continuó.
Incluso tras la captura de Federico Sarabia Pozo, identificado como líder del grupo que mantenía la posesión del inmueble, el conflicto no se resolvió de inmediato.
La Planta Cruz Azul representa alrededor del 40% de la producción total de la cooperativa. No es solo una fábrica: es el eje económico de Tula y sustento para más de 2 mil 800 familias.
Durante estos años, las pérdidas acumuladas superaron los 25 mil millones de pesos, afectando no solo a la empresa, sino a toda la región.
Tensión, versiones encontradas y derechos humanos
Mientras el operativo avanzaba, abogados del grupo que mantenía el control del inmueble calificaron la intervención como un abuso de autoridad y cuestionaron la participación de autoridades mexiquenses en territorio hidalguense.
Desde el interior de la planta se lanzaron gas y petardos, uno de los cuales lesionó a una reportera. Afuera, se vivieron momentos de tensión entre trabajadores y policías, que derivaron en daños a patrullas.
Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos estatal abrió una queja de oficio para investigar posibles violaciones a garantías individuales.
Más allá de las versiones encontradas, lo cierto es que la Planta Cruz Azul quedó bajo resguardo de la policía estatal mientras se consolida la restitución legal.
¿Qué sigue para la industria cementera?
La recuperación de la Planta Cruz Azul marca un punto de inflexión para la cooperativa y para la industria cementera mexicana.
Después de años de incertidumbre jurídica, el reto ahora es restablecer operaciones con estabilidad, recuperar mercados y reconstruir la confianza de trabajadores y proveedores.
En un país donde la construcción es un motor clave de la economía, la producción de cemento tiene impacto directo en infraestructura, vivienda y desarrollo regional.
Para las familias que dependen de la fábrica, el operativo no solo significa un cambio administrativo. Representa la esperanza de volver a la normalidad laboral.
El mensaje difundido en redes sociales por Velázquez Rangel habló del “fin del secuestro” de la unidad industrial. Sin embargo, el verdadero cierre del conflicto dependerá de que las disputas internas se transformen en acuerdos sostenibles.
Un capítulo que redefine el rumbo
La Planta Cruz Azul ha sido escenario de enfrentamientos legales, acusaciones penales y pérdidas millonarias. El operativo en Hidalgo no borra el pasado, pero sí abre una nueva etapa.
La prioridad ahora será estabilizar la producción, garantizar la seguridad de los trabajadores y consolidar la legitimidad del nuevo control.
En medio de sirenas, órdenes judiciales y detenciones, lo que está en juego no es solo un inmueble industrial. Es el futuro de una cooperativa histórica y de miles de familias que dependen de ella.
La recuperación de la Planta Cruz Azul cierra un capítulo de confrontación prolongada y deja abierta la pregunta sobre cómo se reconstruye una empresa después de años de fractura interna.
TE PODRÍA INTERESAR